El Gobierno andaluz destinará este año 23 millones de euros a infraestructuras de investigación y a proyectos de I+D, como una de las medidas del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, el PAIDI 2020.
Andalucía es la tercera región española que más recursos destina a investigación y a innovación, según los últimos datos del INE, 1.360 millones de euros, un 0,92% del Producto Interior Bruto. A pesar de ello, casi 2 de cada 3 euros proceden del sector público, lo que hace necesario mecanismos que compaginen el incentivo a la innovación entre las empresas con un necesario cambio cultural y fórmulas que aceleren este proceso. Este objetivo es uno de los retos del PAIDI 2020, que cada euro invertido por la Administración encuentre un euro invertido por parte del sector productivo.
Entre las medidas contempladas en el desarrollo de este plan está el impulso de la investigación aplicada, para la cual la Consejería de Conocimiento ha transferido 70 millones de euros a las universidades para impulsar hasta 2021 proyectos de fomento y generación de conocimiento frontera, dirigidos a resolver problemas del sistema productivo o a generar avances de calado, e iniciativas de carácter experimental o el desarrollo de las conocidas como tecnologías facilitadoras esenciales, áreas transversales como nuevos materiales o nanotecnología con aplicación en muchos sectores.
Las condiciones del PAIDI para estos proyectos abren la puerta a una participación activa de las empresas, de forma que colaboren estrechamente con los grupos universitarios, asumiendo una parte (el 30%) del presupuesto.
Junto a ello, el Gobierno andaluz tiene previsto abrir nuevas líneas de ayudas a la I+D, entre ellas, 23 millones de euros para infraestructuras de investigación y proyectos de innovación, accesibles por los parques y centros tecnológicos, y 5 millones de euros a proyectos de I+D en las pymes.
La Compra Pública de Innovación es otra de las medidas apuntas por la consejera para impulsar la I+D en las empresas, una fórmula de licitación por el cual una Administración contrata a una empresa para que dé respuesta a una necesidad pública que no está cubierta en el mercado.
La Estrategia Andaluza de Compra Pública de Innovación está ya en fase final y se prevé que sea aprobada por Consejo de Gobierno después del verano, de manera que este año se inicie un programa piloto con 5 proyectos que supondrán una inversión de 50 millones de euros hasta 2020.
