Diputación y Colegio de Abogados han renovado el convenio para dar continuidad a esta oficina, a la que la Administración provincial ha destinado más de 303.000 euros desde 2012.
Las gestiones realizadas por la Oficina de Intermediación Hipotecaria, impulsada por la Diputación Provincial y el Colegio Oficial de Abogados de Jaén en 2012, ha permitido que cerca de un millar de familias permanezcan en sus viviendas desde la creación de la misma. La Administración provincial y este colegio oficial han renovado el convenio para dar continuidad a esta oficina, dirigida a asesorar y ayudar de forma gratuita a familias con escasos recursos con el objetivo de evitar que pierdan sus viviendas.
En este 2019, “la Diputación ha vuelto a renovar su compromiso con el Colegio de Abogados para el mantenimiento de esta oficina”, a la que “destinaremos este año 37.000 euros y en la que hemos invertido desde su puesta en marcha hace ya siete años más de 303.000 euros”, ha remarcado el presidente de la Corporación provincial, Francisco Reyes, que ha informado hoy sobre este acuerdo y sobre las gestiones realizadas por la Oficina de Intermediación Hipotecaria junto al presidente del Colegio Oficial de Abogados de Jaén, Vicente Oya, y la coordinadora de dicha oficina, Francisca Rodríguez.
Reyes, que ha estado acompañado en este acto por la vicepresidenta primera de la Diputación, Pilar Parra, ha puesto de relieve la relevancia de este instrumento, “que ha permitido a ayudar a aquellas familias que, debido a la crisis económica, se enfrentaban y se enfrentan a una situación dramática, un desahucio, algo que agrava la situación económica y social de las mismas porque, desgraciadamente, el contar con un sueldo y estar dado de alta en la Seguridad Social no es sinónimo de que puedas llegar a final de mes ni puedas hacer frente al pago de una hipoteca”.
Además de a familias en riesgo de perder su vivienda, esta oficina ha incrementado en los últimos años su cobertura a la prestación de asesoramiento jurídico sobre las cláusulas suelo, así como a la asistencia jurídica a emigrantes retornados con pensiones devengadas en el extranjero, “una cartera de servicios que estamos estudiando ampliar próximamente con el objetivo de que esta oficina ayude a los jiennenses en otras necesidades que se han detectado”, ha apuntado Reyes, que ha subrayado la labor que desarrollan los encargados de esta oficina “para ayudar a los que peor lo están pasando”.
En esta misma línea, el presidente del Colegio Oficial de Abogados de Jaén ha hecho hincapié en el trabajo de la Administración provincial y de los profesionales de este colegio para el funcionamiento de la Oficina de Intermediación Hipotecaria. “Si no fuera por Diputación y por el magnífico equipo de profesionales, esto no hubiera sido posible”, ha señalado Oya, que ha destacado la labor realizada por “el elenco de letrados que se han dedicado de forma casi altruista a estar con la gente que verdaderamente lo necesitaba y que ha permitido que cerca de mil familias se hayan visto asesoradas a través de esta oficina”.
Desde su puesta en marcha en 2012, la Oficina de Intermediación Hipotecaria ha atendido a cerca de un millar de familias, cuya práctica totalidad permanece en sus viviendas, bien por haber obtenido acuerdos de refinanciación de hipoteca o daciones en pago, bien por ser beneficiarios de alquiler social o acuerdos de reestructuración de la deuda, o bien, por obtener la nulidad de sus cláusulas suelo, lo que facilita el hacer frente al pago de la hipoteca.
En concreto, de los 970 expedientes tramitados desde 2012, “un total de 225 han correspondido a ejecuciones hipotecarias, en los que tan sólo 3 se han producido desahucios y en el resto hemos conseguido que se hayan archivado o se haya suspendido el desahucio o lanzamiento hasta el año 2020, una moratoria que confiamos en que vuelva a prorrogarse”, ha explicado Francisca Rodríguez. De los 745 expedientes restantes, 4 se corresponden con expedientes de emigrantes retornados y un total de 741 a expedientes de intermediación hipotecaria y de cláusulas abusivas que, “aunque no tienen un riesgo tan inminente de desahucio como los de ejecución hipotecaria, la anulación de estas cláusulas permite a las familias poder seguir pagando su hipoteca, evitar el lanzamiento y seguir viviendo en sus casas”, ha señalado Rodríguez.
