Esta comisión, que preside el presidente de la Diputación de Jaén, celebraba ayer en Madrid su última reunión de este mandato.
El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, ha participado en la reunión de la comisión de diputaciones, cabildos y consejos insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), una comisión que preside y que ha celebrado hoy en Madrid su última reunión de este mandato. En este encuentro, Reyes ha realizado un “balance muy positivo” del trabajo desarrollado por esta comisión desde su creación en 2015.
En concreto, en esta reunión se han abordado las distintas propuestas de resolución que esta comisión ha elaborado para el pleno de la FEMP que se celebrará en septiembre y que centran fundamentalmente en la lucha contra la despoblación. Ésta ha sido una de las principales líneas de actuación de esta comisión –integrada por los máximos responsables de 38 diputaciones provinciales, 7 de los cabildos y 4 de los consejos insulares– con el objetivo de aunar esfuerzos entre diputaciones, cabildos y consejos insulares en esta materia y establecer propuestas al respecto. Así, desde la misma se ha colaborado en la redacción del documento base de medidas contra la despoblación –aprobado por la FEMP en mayo de 2017– y se han realizado distintos congresos para abordar esta materia.
También en el balance del trabajo de esta comisión de diputaciones, cabildos y consejos insulares de la FEMP, se ha destacado la línea de actuación impulsada para visibilizar y poner en valor la labor de las administraciones provinciales, lo que ha supuesto la celebración de reuniones de esta comisión fuera de Madrid, en puntos del país como Jaén, Castellón, Pontevedra, Salamanca, Tenerife e Ibiza.
Asimismo, se ha puesto de relieve la defensa que ha realizado esta comisión del papel que juegan los gobiernos provinciales en el ámbito europeo, reivindicando la participación de los mismos en la gestión de los fondos FEDER, y las peticiones que se han realizado en distintas ocasiones para solicitar la mejora de la financiación local, así como la necesidad de modificar el techo de gasto, con el objetivo de que las diputaciones provinciales y los ayuntamientos pudieran invertir su superávit en la realización de actuaciones, planes y proyectos en sus respectivos territorios.
