En una segunda moción, los socialistas se oponen a la instalación de una macrogranja con efectos negativos para Pozo Alcón, Huesa e Hinojares. El PSOE ha presentado una segunda moción en la Diputación para mostrar el respaldo de la institución al Gobierno de España en su defensa de la soberanía nacional, la legalidad constitucional, la democracia, la libertad, la tolerancia y la convivencia, todo ello como pilares del Estado de Derecho.
La portavoz del Grupo Socialista, Pilar Parra, afirma que defender a España frente al secesionismo “es defender la igualdad de todos los españoles” y recuerda que en sus 140 años de vida, el PSOE siempre ha demostrado desde las instituciones su defensa del Estado como partido inequívocamente nacional y laico. “En ningún momento se ha puesto en jaque el orden constitucional, ni se ha negociado un supuesto derecho a la autodeterminación en contrapartida a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado”, recalca.
Parra lamenta que “premeditadamente las tres fuerzas de derechas de este país han decidido trasladar a la calle la crispación y el insulto, así como abandonar los foros donde debe hacerse política”. “Estos movimientos representan una amenaza real a la que ha sido nuestra lucha por una sociedad más justa, libre, plural e igualitaria. La convivencia es la única capaz de garantizar la unidad de España”, advierte.
En este sentido, apunta que “lo que hoy está en peligro no es la unidad de España, sino la convivencia entre los españoles de una región de España que es Cataluña”. “Sin duda, la mayor responsabilidad en el problema, no la única, la tienen los independentistas. Pero desde luego, si alguien está en la parte de la solución, ése es el Gobierno de España y su presidente, Pedro Sánchez”, subraya.
El PSOE ha presentado una segunda moción para el siguiente pleno, en la que pide posicionarse en contra de la instalación de una macrogranja en Dehesas de Guadix por el impacto medioambiental y socioeconómico que tendría en los municipios de la zona. Con esta iniciativa, también pide a la Junta que adapte su normativa urbanística y ambiental para evitar que este tipo de explotaciones vayan contra el desarrollo de pueblos y entornos rurales. Pozo Alcón, Huesa e Hinojares son los 3 municipios de Jaén afectados.
Parra explica que esta explotación porcina “conlleva unos altísimos costes medioambientales y escasos beneficios socioeconómicos para la zona”, ya que conllevaría malos olores, impacto visual y proliferación de insectos y roedores. Además, exigiría una altísima cantidad de agua en una zona en la que ya escasea incluso para consumo humano y habría problemas de contaminación de acuíferos y cursos fluviales del entorno. A esto hay que añadir que se generarían millones de litros de purines que harían inutilizables los campos para la agricultura.
“El descenso de la actividad turística sería una consecuencia inevitable en un enclave que es único desde el punto de vista paisajístico y ornitológico”, abunda Parra, quien añade que se crearía apenas una decena de empleos que no compensaría la destrucción de puestos de trabajo que provocaría en las empresas de la zona que se dedican al turismo rural.
