La consejera se reúne con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara

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La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha mantenido una reunión con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, para comentar las líneas generales de actuación del Departamento que dirige y su relación con esta entidad. Al respecto, Crespo ha recalcado su compromiso de mantener una interlocución fluida con la CEA y ha valorado la labor de representación y defensa de los derechos de las empresas andaluzas que lleva a cabo la organización.

Durante el encuentro, en el que también participaron el secretario general y el responsable de relaciones institucionales de la CEA, Luis Fernández-Palacios y Luis Picón respectivamente, la consejera puso de manifiesto la importancia de promover el desarrollo de la industria agroalimentaria andaluza para mejorar así la rentabilidad del sector. Al hilo de esta cuestión, Crespo ha resaltado que “en Andalucía contamos ya con alimentos y bebidas de muy alta calidad pero cuanto más avancemos en el proceso de industrialización, más valor añadido conseguiremos y más empleo podremos crear”.

Los representantes de la Confederación de Empresarios han mostrado su coincidencia con la apuesta del Gobierno andaluz tanto en este sentido como en la labor que está desempeñando para reducir los trámites administrativos y eliminar trabas burocráticas. En concreto, han solicitado que se agilicen tramitaciones como, por ejemplo, las autorizaciones ambientales ya que, según explican desde esta organización, su dilatado proceso es la causa de que se paralice un gran número de proyectos.

Crespo, que ha lamentado esta situación, ha explicado que el Gobierno andaluz trabaja precisamente en ese sentido tras contabilizar más de 4.000 expedientes medioambientales pendientes de resolver. De hecho, el Consejo de Gobierno del pasado martes, 23 de abril, abordó el Plan de Reactivación de Calidad Ambiental, cuyo objetivo es acabar con esta situación de bloqueo heredada del Gobierno anterior y que contempla, entre otras medidas, la modificación de la Ley de Gestión de Calidad Ambiental para lograrlo.