Un informe elaborado por The Family Watch alerta de que “se requieren políticas públicas y sociales específicas para responder de forma apropiada a las cambiantes necesidades de las familias”.
La Secretaría General de Familias de la Junta de Andalucía ha decidido crear un grupo de trabajo con expertos reconocidos en el análisis de la situación de los núcleos familiares andaluces que defina el Plan de Familias 2020-2025 que desarrolla la Consejería de Salud y Familias. Así lo ha anunciado la secretaría general de Familias, Ana Mata, tras la presentación esta mañana del «I Informe de la Situación de las Familias en Andalucía» elaborado por la Fundación The Family Watch, «que será una de las bases de las que partamos para desarrollar el Plan de Familias de la Junta de Andalucía». Mata ha recordado que Salud y Familias lidera una comisión en la que están presentes todas las consejerías de la Junta de Andalucía y en la que “se abordan no solo las necesidades de las familias sino las acciones específicas que se puedan incluir en el Plan de Familias”.
“La Consejería se encuentra en la actualidad en fase de selección de los expertos del mundo universitario y de la investigación así como de otras comunidades autónomas que formarán parte de este grupo de trabajo, y que esperamos que esté constituido a lo largo del próximo mes de febrero”, tal y como ha detallado en rueda de prensa la secretaria general de Familias, que ha estado acompañada por la directora general de la Fundación The Family Watch, María José Olesti.
Olesti ha defendido que “la familia es el principal agente de desarrollo social y económico y la mejor red solidaria que existe”. “Durante estos últimos años hemos vivido cambios sociales y demográficos, pero la familia sigue siendo la institución más valorada y la que en épocas difíciles sirve de colchón a sus miembros que lo pasan mal”.
“Es la primera vez que en la Junta de Andalucía se promueve un plan transversal desde el punto de vista de la perspectiva de las familias”, ha añadido Ana Mata, que ha recordado que la Administración autonómica promueve, por iniciativa del Consejo de Gobierno de abril de 2019, la redacción del anteproyecto de Ley de Familias, que prevé la prevención del acoso laboral a las madres y embarazadas a través de la articulación de medidas específicas de acción positiva que garanticen la protección y seguridad de la mujer en edad reproductiva. Así, este texto favorecerá el marco de protección durante el embarazo y la maternidad, con el doble objetivo de proteger a la madre y al recién nacido en su salud y asegurar además su empleo. Para empleados públicos con hijos menores de doce años, la norma estudia incluir fórmulas como la flexibilidad de horarios y el teletrabajo, así como la reducción de jornada.
Una respuesta necesaria
Según el informe presentado hoy en la Consejería de Salud y Familias, «se observa una sobrecarga de tareas que dificulta la conciliación de la vida familiar con otros ámbitos de la vida cotidiana, como el laboral. La respuesta de la sociedad a este problema ha generado una tendencia al retraso de la edad de maternidad, así como una reducción efectiva de la natalidad».
«Las dificultades para conciliar la vida familiar con la ocupación laboral no son el único factor que interviene en la reducción de la natalidad: otra variable que hay que tener en cuenta es la tardía emancipación juvenil. Aunque la independencia de los jóvenes se ve condicionada por diversos factores y circunstancias, una de sus causas principales es la insuficiencia de políticas públicas y sociales para facilitar la salida de los jóvenes de su hogar de origen”, continua el informe.
Para los redactores del documento, «las prácticas laborales, que incluyen los niveles salariales y sobre todo la estabilidad en el empleo, juegan un papel determinante puesto que de ellas dependen las posibilidades de acceso a una vivienda. También las políticas de vivienda ejercen un fuerte impacto sobre la edad de emancipación: los regímenes de propiedad de la vivienda, el peso relativo del alquiler o la extensión de la vivienda social aparecen como factores clave, explicativos en gran medida de las diferencias en cuanto a la emancipación efectiva en los diferentes países de Europa».
The Family Watch insiste en su estudio en que «se requieren políticas públicas y sociales específicas para responder de forma apropiada a las cambiantes necesidades de las familias, que plantean auténticos desafíos al Estado de Bienestar, sobre todo por la confluencia de tres tendencias: el envejecimiento de la población; la transformación de los mercados de trabajo; y los cambios en los valores sociales identificados como nuevos riesgos sociales y su resultado de los cambios demográficos, laborales y sociales asociados con el orden postindustrial». Estas variables tienen el siguiente detalle:
- El envejecimiento de la población tiene un impacto directo sobre el bienestar de las familias, ya que afecta negativamente al nivel salarial y a la creación de empleo, pues requiere contribuciones sociales más altas por parte de los trabajadores para cubrir las expectativas de bienestar de los pensionistas y genera mayores necesidades de cuidado.
- Las transformaciones del mercado laboral (salarios bajos y precariedad) tienen un fuerte impacto social, especialmente sobre los grupos socioeconómicos más vulnerables, como los jóvenes y las personas inmigrantes. “El Estado de Bienestar español se ha mostrado incapaz de atajar ambos problemas, y ha hecho descansar en las familias buena parte de la provisión del bienestar”, afirma el documento.
- La evolución de los valores sociales emergentes (individualismo, autorrealización o la democratización de las relaciones sociales) que han influido en la evolución de los modelos familiares. Así, junto a la familia nuclear, adquieren protagonismo diversos tipos de familias con sus propias características y riesgos específicos, como las familias monoparentales, numerosas, homoparentales, reconstituidas, adoptantes y acogedoras.
«Dado que estos nuevos riesgos sociales repercuten directamente sobre las familias, es por lo que las políticas familiares deberán tenerlos en cuenta para, en la medida de lo posible, anticiparse y paliar sus efectos», subraya el documento.
Para los redactores del informe «uno de estos modelos de familia emergentes de especial observación y en el que se aprecia particularmente este tipo de dificultades es el de las familias monoparentales». “Las familias monoparentales forman un modelo profundamente marcado por la dimensión de género: se trata de una forma de convivencia en la que un solo progenitor (la mujer en una proporción mucho más elevada que el hombre) ejerce el liderazgo familiar y asume en solitario el grueso de las labores y la responsabilidad sobre los hijos. El principal problema que sufren las familias monoparentales es la sobrecarga de trabajo de quien debe hacer frente en solitario a las tareas domésticas y de cuidado de los hijos, a la vez que desempeña un trabajo remunerado fuera del hogar”, dice el documento. «Las consecuencias de esta sobrecarga familiar se agravan ante la ausencia de un adecuado servicio de apoyo al cuidado de los hijos e hijas. Esta situación constituye un problema para la madre sola que, por lo general, pasa a encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y social», concluye el informe elaborado por The Family Watch.
Según los datos que recopila el documento, en Andalucía se cuentan 3,2 millones de hogares, de los cuales el 72 por ciento tienen hijos. Hay 1,6 millones de parejas casadas, 236.300 que no lo están y 375.000 familias monoparentales (204.300 de mujeres).
