El delegado territorial, Antonio Sutil, ha explicado la situación del de las ayudas a la dependencia en la provincia, un servicio que encontró “colapsado” y con 1901 expedientes “ocultos”.
El delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonio Sutil, ha visitado el Centro Residencial para Mayores “Altos de Jontoya”, en la capital jiennense. Durante el recorrido, Sutil ha explicado la propuesta de pacto de estado por la dependencia que ha anunciado recientemente la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz. Así, Sutil ha detallado que la petición del gobierno andaluz pasa, entre otros puntos, por cumplir la ley, “una normativa que obliga a la administración central a asumir el 50% de la financiación”. Según Sutil, ahora mismo esas cifras están descompensadas ya que la Junta aporta hasta el 82%, unos 1.200 millones de euros, y desde el gobierno central solo financian el 18%, unos 285 millones de euros.
No obstante, y pese al “colapso” con el que la Consejería y las delegaciones territoriales se encontraron el sistema de dependencia hace un año, Sutil ha dado a conocer las medidas adoptadas por el actual ejecutivo autonómico para mejorar el número de beneficiarios y reducir el tiempo de las listas de espera. En este sentido, el delegado ha señalado que, durante el primer año del nuevo equipo de Gobierno, las personas beneficiarias de las ayudas a la dependencia en Jaén se han incrementado en 717 personas, pasando de 15.687 en diciembre de 2018 a 16.525 en el mismo mes de 2019.
En la misma línea, el número de prestaciones en la provincia ha pasado de 33.725 a 25.008 durante este periodo, lo que supone un incremento de 1.283. “El esfuerzo que está haciendo la Consejería pese a la desigualdad en la financiación se demuestra con datos”, ha indicado el delegado, resaltando que “la apuesta de la administración autonómica por este servicio es firme e incuestionable”.
Otro marcador de esta política social llevada a cabo por la actual Consejería se evidencia en la reducción en la lista de espera, con 533 personas menos que actualmente pendientes de que se les realice su Plan Individual de Atención (PIA). “Hemos pasado de 7.363 demandantes en diciembre de 2018 a 6.830 en la actualidad, una cifra que sigue siendo muy elevada, pero que vuelve a mostrar que nos encontramos con un sistema en ruinas, sin financiación y totalmente abandonado”. Este deterioro de los servicios en materia de dependencia llevado a cabo por el anterior ejecutivo socialista se evidencia, también, en “la lista oculta de espera”, con 1.901 personas que no estaban grabadas en el sistema en la provincia de Jaén.
En total, en Jaén se han grabado durante este año 11.402 solicitudes y se han realizado pagos por valor de 129,8 millones de euros.
Pacto por la dependencia
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha indicado recientemente que, para poder establecer un sistema de financiación «ajustado a la realidad, que sea sostenible en el tiempo y capaz de dar respuesta solvente al envejecimiento de la población con los niveles de la dependencia esperados, es fundamental la revisión de los cálculos manifiestamente erróneos recogidos en el Libro Blanco de la Dependencia de España (2004), en los que se basó la redacción de la actual Ley de la Dependencia».
Además de la financiación, la consejera ha destacado que la prevención de la dependencia «es un elemento importante para dar sostenibilidad en el tiempo al sistema», ya que el constante crecimiento de la población mayor de 65 años y, especialmente, la población de 80 años y más, «es un fenómeno sin precedentes al que se va a tener que enfrentar el SAAD». Así, ha destacado que el Pacto propuesto por la Junta de Andalucía plantea que «se destinen recursos reales, efectivos y evaluables que favorezcan la autonomía personal, retrasando de este modo la aparición de situaciones de dependencia».
El documento también propone la inclusión de recursos de atención para personas con patologías potencialmente «cronificables». Por otra parte, ha señalado la necesidad de reconocer en la cartera de servicios de prestación para la dependencia a las personas con discapacidad mayores de 65 años, «con el fin de que no tengan que abandonar los recursos al cumplir dicha edad».
Además, la consejera ha explicado que el documento plantea unificar y simplificar los distintos procedimientos, así como revisar la intensidad de protección de los servicios, «a fin de dar una respuesta real a las necesidades de las personas en situación de dependencia y de sus cuidadores».
Por último, Rocío Ruiz ha dicho que «el documento de Pacto de Estado insta a la adhesión de las diferentes fuerzas políticas, colectivos, agentes sociales y de cualquier otra entidad representativa de los intereses de las personas en situación de dependencia».
