Rocío Ruiz presenta el documento a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias dentro de su ronda de contactos.
La propuesta de Pacto de Estado por la Dependencia aprobado recientemente en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía plantea una restructuración del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que daría más protagonismo a las entidades locales. Así lo ha señalado la consejera Rocío Ruiz durante el encuentro que ha mantenido hoy con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) dentro de su ronda de contactos para presentar dicho documento.
Ruiz ha detallado que dentro de los cuestiones como contenidos mínimos a abordar en el Pacto de Estado está dicha propuesta la restructuración de dicho organismo “ya que el desarrollo y especialmente la aplicación de la Ley de Dependencia es una tarea de las Administraciones Públicas en todos los niveles, desde la Administración General del Estado hasta los Ayuntamientos. Por tanto, esta realidad tiene que verse reflejada en la composición del Consejo Territorial. De igual modo, debiera ser el órgano colegiado garante del carácter de universalidad e igualdad de la aplicación de la Ley en todo el territorio nacional”.
La titular de Igualdad ha recordado el importante papel que desarrollan las entidades locales en la gestión de prestaciones y servicios, como la ayuda a domicilio, atención residencial o centros día, así como la labor que realizan los profesionales de los servicios sociales comunitarios. La consejera ha recordado que “en 2019 hemos pagado más de 521 millones de euros a las entidades locales por prestaciones de atención a la dependencia, a lo que hay que añadir más de 10,2 millones para el refuerzo de personal en los servicios sociales comunitarios”.
Dentro de los contenidos del Pacto de Estado se plantea establecer una garantía de la financiación del sistema de atención de manera equitativa entre la Administración General del Estado y las distintas Comunidades Autónomas, de manera que cada administración financie el 50% del presupuesto. En la actualidad, Andalucía está asumiendo el 82% de la financiación del Sistema de Dependencia.
En este sentido, se debe garantizar, por tanto, un desarrollo y aplicación de la Ley análoga en todo el territorio nacional. Con la creación de una caja única. Así como de un Fondo de Garantía de la Dependencia con la finalidad de garantizar la financiación del Sistema.
De igual modo, en dicho documento, se insta a atribuir la financiación suficiente a los recursos de Promoción de la Autonomía Personal, preparar al SAAD para el reto demográfico al que ya se enfrenta España y revisar la cartera de servicios para las personas con discapacidad, con el objeto de que estas no abandonen dicha condición al alcanzar la edad de 65 años.
Por otra parte, se plantea unificar y simplificar los distintos procedimientos, así como revisar la intensidad de protección de los servicios a fin de dar respuesta real a las necesidades de las personas en situación de dependencia y de sus personas cuidadoras.
Asimismo, ha instado a la FAMP y a colectivos, agentes sociales y cualquier otra organización representativa de los intereses de las personas en situación de dependencia a la adhesión al mismo, así como a formular propuestas para su desarrollo.
Mejoras en el Servicio de Ayuda a Domicilio
En otro orden de cosas, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y la FAMP han acordado la creación de un grupo de trabajo con el objetivo de consensuar la nueva Orden reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio, que venga a mejorar la normativa vigente.
Principalmente, se actualizará el contenido conforme a los preceptos que dicta la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Entre ellas, recoge el servicio de ayuda a domicilio como prestación garantizada de los servicios sociales comunitarios no vinculados a la Ley de dependencia; incluye como modelo básico de intervención la atención integral centrada en la persona, o en la unidad de convivencia; utiliza el término de “persona usuaria” y no beneficiaria; y establece el proyecto de intervención social como procedimiento de intervención diseñado para garantizar el carácter integral de la atención y su continuidad, de acuerdo con la valoración diagnóstica de la situación de necesidad social.
En los servicios sociales comunitarios de los Ayuntamientos andaluces trabajan actualmente más de 31.400 auxiliares de ayuda a domicilio.
