La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha llamado la atención sobre la crisis social que devendrá de la actual emergencia sanitaria.
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha defendido, durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlamento, las medidas adoptadas por su departamento desde el inicio de la crisis sanitaria y social por la pandemia de Covid-19, así como la anticipación con la que se han llevado a cabo. Por otra parte, ha llamado la atención sobre el trabajo que han realizado y siguen realizando los profesionales y el personal funcionario que está atendiendo a los colectivos sociales más vulnerables al propio coronavirus y a la situación de crisis que ello conlleva. “No debemos olvidar que la segunda cara que va a dar esta crisis sanitaria es la de la emergencia y la necesidad de una atención especial y singularizada para los andaluces y andaluzas más vulnerables, otra crisis que devendrá en el futuro de la actual pandemia”, ha señalado.
Ruiz ha insistido en la idea de que “ahora, lo único que toca es proteger a la ciudadanía y actuar en interés general de este país. No es tiempo para la confrontación, para fomentar el interés partidista o sacar rédito electoral. La ciudadanía no lo entendería ni lo compartiría porque no es responsable ni moral. Desde Andalucía, lo que insistimos es que el Gobierno central nos facilite más recursos a las Comunidades Autónomas para paliar los efectos de esta pandemia, tanto sobre la salud y la protección social de los andaluces y andaluzas, como sobre el empelo y la economía. Salir, saldremos; pero depende de todos nosotros y nosotras hacerlo en la mejor condición posible”.
Por otra parte, la consejera ha destacado el compromiso del Ejecutivo andaluz para informar de la situación y de las medidas que está adoptando desde el comienzo de la crisis, así como la plena lealtad institucional al Gobierno de España y al resto de Administraciones Públicas.
Concretamente, respecto a la Consejería de Igualdad, ha señalado que “desde el minuto cero, hemos trabajado desde dos importantes premisas. Por un lado, actuar con anticipación a la amenaza que supone este virus, adoptando decisiones proactivas y determinantes para proteger socialmente a la ciudadanía andaluza; y por otro lado, actuando con estricta sujeción a las indicaciones propuestas por las autoridades sanitarias en salvaguarda de la salud pública, velando por la integridad de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad y, en especial, por las personas mayores, una vez comprobado que es el más afectado por la crisis sanitaria”.
Por este motivo, el pasado lunes, el Consejo de Gobierno aprobó un decreto ley que permite acelerar la resolución de expedientes de Renta Mínima de Inserción Social en situación de urgencia o emergencia social ya presentadas, así como las solicitudes de ampliación de esta prestación. Por otra parte, “durante el tiempo en que se mantenga el estado de alarma, se prorrogarán todas las prestaciones cuyo vencimiento se produzca de forma automática, considerándose como anticipo a cuenta de la renta y quedando supeditadas a su posterior revisión. Una iniciativa que va a permitir agilizar la respuesta de la Administración andaluza ante el agravamiento de las situaciones de vulnerabilidad”.
Además, este decreto ley recoge la creación de la Mesa Autonómica de Coordinación ante situaciones de extrema vulnerabilidad social y de las Mesas Provinciales con el fin de atender las situaciones de este tipo que se planteen, tanto por las Administraciones públicas como por las entidades integradas en la Mesa del Tercer Sector.
Según la consejera Rocío Ruiz, otras medidas determinantes en este sentido han sido el aumento del presupuesto destinado al programa de Ayudas Económicas Familiares hasta los 15,3 millones de euros y la agilización de su gestión, así como la puesta a disposición de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) de siete albergues de la empresa pública Inturjoven para acoger a personas sin hogar, 832 plazas en total.
Por otra parte, la consejera ha recordado que previamente a la declaración del estado de alarma, ya el 11 de marzo, se determinó el cierre temporal de los centros de día para personas mayores y con discapacidad, así como otras medidas que han resultado fundamentales para evitar un mayor número de contagios en Andalucía: cierre de los Centros de Participación Activa, suspensión de visitas a residentes y nuevos ingresos, interrupción de las visitas domiciliarias del personal trabajador social, paralización de instalación de dispositivos de teleasistencia, prohibición de acceso a personal voluntario y en prácticas, etcétera.
Otras medidas han tenido un carácter económico con el objetivo de garantizar los servicios que no podían verse interrumpidos por tratarse de primera necesidad para muchas personas como la garantía de abono del 80 por ciento del precio plaza de los centros residenciales durante el periodo de suspensión, así como la eliminación de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de día. Igualmente, se ha garantizado la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio con la financiación, como mínimo, equivalente a las liquidaciones correspondientes al mes de febrero de 2020 siempre que se mantenga la plantilla al completo.
Por este motivo, como instrumento de participación, coordinación y comunicación entre la Consejería de Hacienda y la de Igualdad, se procedió a la creación de la Comisión de Coordinación Presupuestaria en materia de Servicios Sociales sobre la incidencia del Covid-19. Su objetivo principal es coordinar las necesidades de medios humanos, materiales y de inversión y proponer las operaciones presupuestarias para la financiación de las necesidades de los Servicios Sociales de Andalucía.
Además, ha informado Rocío Ruiz, en el seno de la Consejería de Igualdad, se ha creado la Comisión para la coordinación de las actuaciones de emergencia social que tiene entre sus funciones analizar, valorar y resolver situaciones que se produzcan en personas beneficiarias del Servicio de Atención a la Dependencia de Andalucía. De igual modo, ya han sido creadas las Comisiones provinciales.
No se interrumpen las prestaciones domiciliarias
Para la atención directa con las personas usuarias de los diferentes servicios que dirige la Consejería de Igualdad, entre otras medidas, se puso a disposición de las diputaciones y corporaciones locales – como gestores responsables -, a través de la FAMP, un manual de recomendaciones para el personal que presta el Servicio de Ayuda a Domicilio. “Hemos insistido en que no se interrumpan las prestaciones domiciliarias que garantizan la cobertura de necesidades básicas esenciales. Por ello, para asegurar su continuidad, se han hecho nuevas recomendaciones que permiten reconfigurar el contendido de las atenciones prescritas de forma personalizada y adaptarlas a cada situación concreta. Pero, siempre, garantizando la asistencia a las personas usuarias de grado III (grandes dependientes) y a las de grado II (dependientes sevas) que tengan nulo o escaso apoyo familiar, así como prestando el servicio de comida a domicilio a las personas dependientes de grado I en los casos de falta de apoyo familiar”.
Centros residenciales
Por otra parte, la consejera ha recordado el plan de contingencia para los centros residenciales de personas mayores con el objetivo de contar con plazas suficientes y el espacio necesario en otras residencias en el caso de que hubiese que llevar a cabo aislamientos. O el refuerzo de personal mediante contratación de emergencia de 370 trabajadores y trabajadoras para estos centros, la reasignación de 50 efectivos de la Consejería de Igualdad, 124 de la de Educación y Deporte y la incorporación de 66 en los centros de Sevilla y Málaga del Servicio Andaluz de Teleasistencia.
Además, ha informado que la Consejería de Salud y Familias ha dispuesto en los centros de personas mayores y con discapacidad un puesto de enfermería de enlace y otras medidas para la medicalización y dotación de recursos. “No existe una situación de emergencia ni alerta, en estos momentos, en las residencias andaluzas”, ha sentenciado.
Material de protección
Ruiz ha hecho balance de la disposición de material de protección frente al contagio por Covid-19 y ha recordado la puesta a disposición de las entidades gestoras de los centros residenciales y del Servicio de Ayuda a Domicilio de un formulario online para recoger sus necesidades, para su tramitación a la Consejería de Salud y al Ministerio de Sanidad como autoridades competentes. “Desde la Consejería, hemos podido repartir 45.000 mascarillas entre el personal que atiende a personas dependientes de grado III y otras 25.700 en centros de menores, mayores, discapacidad, servicios sociales e Inturjoven. Un material que consideramos insuficiente pero que esperamos que se incremente en breve tras la compra de 5 millones de mascarillas por el Gobierno andaluz”, ha señalado.
Una herramienta informática para coordinar el voluntariado andaluz en esta situación de emergencia que cuenta ya con 2.849 personas y 68 entidades, una guía infantil sobre coronavirus o un teléfono de atención psicológica para profesionales de los servicios de ayuda a domicilio y centros residenciales son algunas otras iniciativas que se han llevado al cabo hasta el momento. O la atención a pleno funcionamiento que está realizando para las víctimas de violencia de género, incluso un plan para una posible ampliación de plazas en los recursos de acogida y una nueva campaña en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos, ‘Macarilla 19’, con el fin de que las mujeres víctimas de violencia de género puedan denunciar casos de maltrato en las 3.878 farmacias de toda Andalucía.
“En definitiva, un enorme y potente conjunto de iniciativas y medidas urgentes para atender a la población más vulnerable de nuestra sociedad y más expuesta a esta terrible pandemia que tiene al mundo en máxima alerta. Para que los servicios sociales ofrezcan la mejor prestación posible al conjunto de andaluces y andaluzas que los necesite”, ha concluido Ruiz.
