CSIF exige la retirada urgente de las mascarillas defectuosas y la realización de test diagnóstico al personal que las haya utilizado

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Para el sindicato, «no hay derecho a que después de semanas con falta de material ahora se repartan mascarillas que no cumplen la normativa. Aún estamos a la espera de recibir información oficial por parte del Sistema Andaluz de Salud, pero según ha tenido constancia CSIF, en Jaén se han usado en Complejo Hospitalario de Jaén, Distrito Jaén y en las Áreas de Gestión Sanitaria Norte y Nordeste».

El Ministerio de Sanidad ha ordenado la retirada inmediata de un lote de mascarillas FFP2 del fabricante “Garry Galaxy” modelo N95 porque no reúnen las condiciones de protección necesarias para los sanitarios ni cumplen con la normativa europea. CSIF Jaén exige que se localicen y se retiren de manera urgente y lamentamos la inoperancia del Ministerio de Sanidad. No hay derecho a que después de semanas con falta de material de protección en toda España ahora se repartan miles de mascarillas defectuosas. Según ha indicado CSIF Nacional, el sindicato exigirá responsabilidades. Desde CSIF se ha pedido a la Administración que haga test diagnóstico a todo el personal que haya podido utilizar esa mascarilla y su puesta en aislamiento hasta resultado.

Según ha podido confirmar CSIF, al menos se han repartido en Madrid, Cataluña, Andalucía, La Rioja o Castilla-La Mancha. En comunidades como Andalucía, aún estamos a la espera de recibir información oficial por parte del Sistema Andaluz de Salud, pero según ha tenido constancia CSIF, en Jaén se han usado en Complejo Hospitalario de Jaén, Distrito Jaén y en las Áreas de Gestión Sanitaria Norte y Nordeste.

CSIF critica la falta de previsión, así como la improvisación e inoperancia del Ministerio de Sanidad, que vuelve a retirar material de protección por no cumplir éste con los estándares de calidad. Además, consideramos que este error supone un doble perjuicio: el que sufren los trabajadores que han estado usando unas mascarillas que no realizaban su función de protección frente al COVID-19 y el que sufrirán de nuevo las arcas públicas por la compra de un material inservible.