El informe refleja que la nulidad procede no desde 2005, fecha de la última prórroga por 30 años, sino desde 1967; el dictamen es preceptivo y vinculante; el Ayuntamiento trabaja ya en la puesta en marcha del nuevo servicio. El alcalde, Julio Millán, destaca que “este equipo de Gobierno no va a permitir más abusos ni que nadie esté por encima de la ley ni de los intereses de sus vecinos y vecinas; no tenemos nada que temer, quien quiera seguir aprovechándose de la ciudad va a tener enfrente a este alcalde, a sus 15 concejales y a los dos partidos que sustentan el Gobierno”.
El Ayuntamiento de Jaén ha recibido el informe del Consejo Consultivo de Andalucía que dictamina la nulidad de la prestación del servicio de transporte urbano no ya desde 2005, fecha de la prórroga firmada por 30 años por el PP, sino que se retrotrae a 1967, fecha en que expiró el primer concierto que se estableció con la empresa. Por tanto, este informe, preceptivo y vinculante, solicitado por el pleno en octubre de 2019, remarca que durante 53 años este servicio se ha prestado sin contrato.
El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha sido tajante: “dijimos que veníamos a cambiar las cosas en Jaén, a trabajar por mejorar los servicios públicos de la ciudad, limpieza, transporte y mantenimiento urbano, y a primar siempre el interés general por encima de particulares o corporativos, y con este dictamen damos un gran paso para ello y de no retorno en este sentido”. Millán ha lamentado “que Jaén haya sido secuestrada y sus vecinos hayan sido los rehenes de esta situación, una generación entera a la que se ha negado el futuro y la modernidad en el transporte público desde 1967”. En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento continúa con su hoja de ruta para hacer de Jaén una ciudad moderna, del siglo XXI, con un transporte público eficaz, limpio y transparente”. Así, recuerda que se avanza en los estudios que permitan un nuevo pliego, en su encaje con el tranvía y en el proceso de movilidad para el que además se cuenta para este año con financiación de los fondos europeos de la estrategia DUSI. Además ha recordado que la crisis sanitaria del Covid-19 no tiene por qué interferir en la hoja de ruta del trabajo que hay que hacer en estos momentos.
El regidor ha agradecido la labor de la Jefatura de Contratación en este proceso así como a las Concejalías que han hecho posible el expediente, caso de la de Servicios Públicos y Presidencia, así como ha recordado al grupo Jaén en Común, que en el anterior mandato trabajó en el impulso a la nulidad.
La segunda teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica, Comercio y Mercados, María Cantos, ha expresado también su satisfacción por la decisión del Consejo Consultivo de Andalucía. “El dictamen no hace más que dar la razón a la ciudad de Jaén, no solo al equipo de Gobierno”, ha argumentado, convencida de que, en sus palabras, “era un clamor popular” lo que ha definido como “una tremenda injusticia con esta ciudad”. Al hilo, ha criticado que no haya sido hasta la llegada al Gobierno municipal de PSOE y Ciudadanos cuando se hayan usado las “herramientas disponibles” para solventar esta irregularidad. “Hemos demostrado que es posible cambiar las cosas, desde la legalidad, desde la legitimidad, haciendo caso a la ciudadanía; este es el resultado”, ha aseverado Cantos, que ha aplaudido: “Se la ha dado la razón a la ciudad de Jaén”. Sobre las razones que han impulsado a los responsables municipales a normalizar la situación del transporte público, Cantos ha sido tajante: “El dictamen no es el resultado de una contienda, de una guerra contra nadie. Este equipo de Gobierno no va contra nadie, si no, a favor de”. “Hoy es un día para sentirnos orgullosos de toda la labor que estamos haciendo, de la mano de la ciudadanía”, ha vuelto a destacar Cantos que ha hecho hincapié en que el equipo de Gobierno tiene más líneas de trabajo abiertas para abordar otras cuestiones que es preciso abordar para dar un mejor servicio público a los vecinos y vecinas de Jaén.
Detalles técnicos
Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejala de Presidencia, África Colomo, ha dejado claro sobre la decisión del Consejo Consultivo: “ha dado la razón al Ayuntamiento de Jaén con un informe extenso y muy bien justificado, señalando que el contrato transporte público era nulo de pleno derecho y que además, no procede ningún tipo de indemnización”. Al respecto, la edil ha hecho hincapié en que la falta de sustento legal de la relación entre la empresa de transportes y la Administración local se remonta a los orígenes de esta. Como ha apuntado, en el año 1967 el concierto administrativo se transformó en una concesión administrativa y, desde entonces, según la cita textual del escrito del organismo andaluz, que ha recordado Colomo: “La conversión del concierto en concesión fue ya nula de pleno derecho por no haberse cumplido las exigencias previstas en el Reglamento de Servicios Locales, pues no existió procedimiento de contratación”. Esta anomalía, ha ahondado, “se ha venido repitiendo sistemáticamente hasta el año 2005 fecha de la última prorroga de la concesión”. Ante ello, ha lamentado: “El PP se escondía detrás de florituras dialécticas y de argumentos jurídicos que, según nos decían entonces (en alusión al pleno de octubre de 2019), eran más certeros que los que sostenía el equipo de Gobierno”. Por ello, Colomo, ha vuelto a aludir a los razonamientos del Consejo Consultivo y ha señalado que se ha pronunciado en la misma línea del Gobierno municipal, esto es, “con independencia de qué tipo de relación jurídica sea, ninguna puede ser a perpetuidad, las relaciones perpetuas, indefinidas, no son aceptadas por nuestro ordenamiento jurídico”. La irregularidad, ha insistido Colomo, es clara, por lo tanto, en cualquiera de las interpretaciones que se quiera dar a la relación entre Castillo y el Ayuntamiento.
En el caso de que se considerase que se trata de un concierto, este “tendría que haber finalizado en el año 1971”. No en vano, la normativa aplicable, señalaba una duración máxima de 10 años que, en caso de haberse prorrogado, requería una autorización del entonces Ministerio de Gobernación que no existe. Al plantearlo como una concesión, aunque el plazo máximo de duración inicialmente era de 50 años, la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre ya la reducía a 25 años, ha apostillado la concejala, para aclarar: “Este nuevo plazo, más reducido precisamente para evitar desmanes y abusos nos llevaría, como máximo al año 1987”. “La relación entre el Ayuntamiento y la empresa que ha venido prestando el servicio de autobuses urbanos en la ciudad estaba plagada de irregularidades desde su origen, que se han repitiendo una y otra vez ante la falta de licitación del servicio”, ha insistido Colomo.
Que el PP se retrate
Una vez evidenciada esta situación por el Consejo Consultivo de Andalucía, se despejan otras dudas, ha desgranado Colomo ya que, sobre una posible indemnización a la prestataria, el Consejo Consultivo considera que, como ha desvelado Colomo que al haber abonado el Ayuntamiento el canon correspondiente, “la única consecuencia es finalización de la concesión sin que proceda indemnización de ninguna clase para la empresa concesionaria”. Por lo tanto, ha adelanto Colomo, el siguiente paso es llevar al Pleno un acuerdo declarando la nulidad de la prórroga del contrato del servicio de transporte. “Será el momento de que los demás grupos políticos se retraten”, ha juzgado, para dirigirse directamente al PP, sobre el que ha asegurado, “tiene que dejar esconderse detrás de argumentos jurídicos que, como hemos visto carecen de base alguna”, ponerse al lado “del interés general de la ciudad” y disculparse con los técnicos municipales quienes, como la recordado la concejala “han sido duramente cuestionados”.
