El Ayuntamiento puso la semana pasada en conocimiento del Juzgado las gravísimas irregularidades detectadas durante los mandatos del PP, con dinero público saqueado que el anterior alcalde “manejaba a su arbitrio sin fiscalización pública”.
El PP ha presentado una moción de censura en el Ayuntamiento de La Guardia con el objetivo de frenar una denuncia “con hechos extremadamente graves” que han sido puestos en conocimiento del Juzgado, que fueron presuntamente cometidos por el anterior alcalde del PP y que concluyen en la existencia de una posible Caja B en el Ayuntamiento. La denuncia, presentada la semana pasada por el Ayuntamiento en el Juzgado de Instrucción número de 2 de Jaén, ve posibles delitos de malversación de caudales públicos, fraude, apropiación indebida y falsedad documental.
Se trataría de miles de euros –todavía por cuantificar– de dinero en metálico de los que el anterior alcalde, Juan Morillo, actual diputado provincial, habría “manejado a su arbitrio, sin fiscalización pública”.
“Estamos hablando de un presunto de caso de corrupción de la máxima gravedad, con más de un centenar de actividades entre conciertos, festivales, comidas benéficas o viajes de los que no hay contabilizadas ni ventas de entradas, ni constancia de ingresos. Miles de euros de dinero público, de todos los vecinos y vecinas de La Guardia, que se han perdido no se sabe dónde”, explica Juan Jesús Torres.
El actual alcalde y secretario general del PSOE de La Guardia señala que el nuevo gobierno municipal empezó a tener conocimiento de estas presuntas irregularidades tras su entrada en 2019. En estos meses, se ha ido recabando toda la información “con discreción, rigor y seriedad” hasta armar un expediente “absolutamente escandaloso”, con más de 150 documentos oficiales. Todo ese expediente ha sido puesto a disposición del Juzgado para que determine la existencia de responsabilidades.
Torres recalca que ha cumplido con su “obligación y responsabilidad”, que es dar traslado al Juzgado “de unos hechos muy graves que han causado un enorme perjuicio económico a las arcas municipales y por tanto a los bolsillos de nuestros vecinos, que han sido saqueados durante años”. “Habernos callado habría sido convertirse en cómplices. Nos hemos limitado a trasladar la información al Juzgado para que allí se dilucide el asunto penal, si lo hubiere, pero las responsabilidades políticas de este descontrol tienen el nombre y apellidos de Juan Morillo y del PP”, resume.
Así las cosas, afirma que la moción de censura presentada hoy en el Ayuntamiento “es el intento desesperado del PP y de Juan Morillo por intentar frenar la denuncia, por intentar que vuelva la oscuridad, la opacidad y las irregularidades a la gestión municipal”. “Quiere volver a ser alcalde quien está acusado de haber cometido gravísimas irregularidades como alcalde, de haber dilapidado dinero público sin control alguno. Habrá que ver quién apoya semejante disparate, en contra del criterio general de la ciudadanía de La Guardia, que reclamó un cambio en el gobierno municipal precisamente para acabar con estas prácticas”, apunta.
En este sentido, cuestiona directamente a Ciudadanos cuál va a ser su posición en este asunto “como partido que se presenta siempre con la vitola de la transparencia y la regeneración”. “¿Van a volver a colocar al PP en la Alcaldía, al mismo PP bajo cuya gestión saben perfectamente lo que ocurrió y que ahora está en un Juzgado?”, pregunta.
LA DENUNCIA
El Ayuntamiento de La Guardia ha presentado una denuncia en el Juzgado tras detectar presuntos delitos de malversación, fraude, apropiación indebida y falsedad documental durante los mandatos de Juan Morillo (PP). En concreto, se analizan minuciosamente los hechos desde 2010, aunque también se añaden episodios de años anteriores. En el escrito se apunta la existencia de una Caja B de dinero en metálico “que el alcalde ha manejado a su arbitrio, sin dar cuenta al secretario interventor, hurtando de toda fiscalización al dinero público, tanto en salidas como entradas de éste, apropiándoselo o entregándoselo a terceros”.
Con todo lujo de detalles, se especifica cómo en más de una veintena de conciertos desde el año 2010 “no se contabilizaban ni venta de entradas, ni se registraban ingresos por las mismas” en las cuentas del Ayuntamiento. En algunas ocasiones, se ingresaba una cantidad reducida que no se correspondía con el aforo (dinero correspondiente a 220 entradas cuando había aforos de 700-800 personas).
En varias ediciones de la Feria de la Tapa, desde 2016, el Ayuntamiento vendía tickets a los vecinos y posteriormente le pagaba a las empresas participantes. De manera oficial, consta el pago del Ayuntamiento a las empresas, pero “no hay ingresos contabilizados de la venta de tickets”, por lo que no se sabe tampoco dónde fue a parar ese dinero.
El Ayuntamiento también organizaba viajes para los vecinos, con innumerables destinos, como el Carnaval de Cádiz, Puerto Banús, Coín, Nerja, El Puerto de Santa María, Benalmádena, Madrid, Torremolinos, Matalascañas y un largo etcétera. El Ayuntamiento financiaba una parte y el resto era pagado por los vecinos. Sin embargo, el dinero de los vecinos “tampoco consta en los ingresos del Ayuntamiento”.
El expediente también contempla la celebración de comidas y fiestas benéficas para la Asociación Española contra el Cáncer, las AMPAS o asociaciones de mujeres. Estas asociaciones recibían la donación “sin control presupuestario alguno”, con entregas realizadas “arbitrariamente” por el alcalde. De hecho, se aporta una certificación del secretario interventor donde queda confirmado que “no existen pagos contabilizados desde 2010 hasta 2019 a ninguna de las asociaciones indicadas”.
A esto hay que sumar la facturación “inflada” de comidas de mujeres y pensionistas, así como de meriendas infantiles, donde se hacía constar el doble del número real de comensales.
