Mercedes Gámez denuncia que hay más de 1.000 solicitudes pendientes de iniciar su tramitación en los municipios menores de 20.000 habitantes. El PSOE presenta una PNL en el Parlamento para exigir a la Junta que reactive el decreto-ley y resuelva los expedientes paralizados desde julio de 2019.
El PSOE de Jaén denuncia que la concesión de la Renta Mínima de Inserción tiene una lista de espera de 11 meses y exige a la Junta de Andalucía “que se ponga las pilas y tramite de una vez todos los expedientes que tiene acumulados desde el pasado mes de julio de 2019”. Lo hace a través de una Proposición no de Ley en el Parlamento andaluz y de una moción en los 97 ayuntamientos de la provincia.
La parlamentaria socialista Mercedes Gámez desvela que en los municipios menores de 20.000 habitantes hay más de 1.000 solicitudes pendientes de iniciar su tramitación y que llevan aparcadas prácticamente un año por la inoperancia de la Junta de Andalucía. Además, sólo se ha aprobado apenas el 12% de las solicitudes presentadas en estos 91 municipios.
“Estamos hablando de familias que atraviesan una situación dramática, de colectivos muy vulnerables que apenas tienen recursos, que están esperando una respuesta de la Junta para poder tener sus necesidades básicas cubiertas”, subraya.
Así las cosas, lamenta la “insensibilidad” que la Junta de Andalucía está demostrando con un programa que atiende situaciones de “auténtica emergencia social” y que por lo tanto “no puede aplazar la resolución de las solicitudes durante un año, que es lo que desgraciadamente está sucediendo”. “Estas familias no pueden esperar 12 meses y mucho menos en la actual situación en la que nos encontramos”, advierte.
Por ello, Gámez señala que el PSOE ha registrado una PNL en el Parlamento andaluz donde exige a la Junta que incremente los recursos e intensifique el esfuerzo en materia de servicios sociales. En concreto, pide en esta iniciativa que “reactive el decreto ley de 2017 que regula la Renta Mínima mediante la resolución de los expedientes en lista de espera reforzando el personal funcionario en las Delegaciones”.
También pide una distribución extraordinaria de créditos entre Ayuntamientos y Diputaciones para la contratación de profesionales de servicios sociales, así como la reformulación del proyecto llamado ‘tarjeta monedero’ para que se gestione a través de los servicios sociales municipales y no de entidades ajenas a la administración pública. Propone igualmente la creación de un Fondo Social destinado a los ayuntamientos para atender a las familias más vulnerables y cubrir sus necesidades básicas.
