El grupo municipal de Adelante Jaén votará en contra del trámite de urgencia que se debatirá mañana en el pleno extraordinario convocado en el Ayuntamiento de la capital para ratificar la supresión de la actividad de la radiotelevisión municipal al considerar que no se ha dado, siquiera, un plazo de 48 horas a los grupos municipales para su conocimiento.
De otro lado, Adelante Jaén considera incomprensible que este tema, en el que ahora rectifica el equipo de Gobierno, no se debata un pleno ordinario tras su paso por la comisión informativa oportuna. “Ni son formas para una buena gobernanza local ni creemos que este tema, que afecta a todos los jiennenses, pueda resolverse de un plumazo en medio de un estado de alarma, a no ser que haya otros intereses y convenga solventar el asunto en un salón de plenos vacío de público”, señala Lucía Real.
Los concejales de Adelante Jaén consideran que las causas de tipo organizativo y financiero apuntadas por la Secretaría General no son “suficientes” para extinguir definitivamente un servicio que tenía como principal objetivo el derecho a la información de la ciudadanía. “Con el cierre de Onda Jaén la ciudad pierde una voz propia en el conjunto de Andalucía, una mirada local y cercana que es imposible encontrar en emisoras de Madrid o Sevilla”, señala la portavoz de Adelante Jaén para quien “es evidente que no ha habido el más mínimo interés en buscar fórmulas que permitieran mantener el servicio como la recuperación de la radio que presenta siempre costes mucho más modestos”.
Tampoco se entiende desde esta formación el posible ahorro para las arcas municipales ya que los profesionales de Onda Jaén continuarán como trabajadores del Ayuntamiento y sus nóminas correrán a cargo del presupuesto municipal. “Sin embargo –señala Real- su conocimiento profesional del medio audiovisual quedará diluido en actividades administrativas que nada tienen que ver con su formación”.
Para Adelante Jaén, la ratificación del cese de actividad para la extinción de este medio no es más que una manera de ejercer presión sobre los trabajadores que se verán obligados a aceptar las condiciones que el Gobierno local ponga sobre la mesa para conservar un puesto de trabajo.
