Explican que la Junta de Andalucía está trabajando en la modificación de la norma reguladora para que la renta mínima pueda ser complementaria del ingreso del Gobierno, y “requiere su tiempo porque la anterior elaborada en el mandato de Susana Díaz es una chapuza”.
El diputado autonómico del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez se ha dirigido hoy al socialista Valeriano Martín para decirle que “se puede ahorrar el trabajo puesto que no tiene absolutamente nada que exigir ni reivindicar”. “El PSOE de Jaén puede evitarse hacer el papelón del año ya que la renta mínima en Andalucía no se va a paralizar ni a suspender”. Así ha informado de que se ha acordado renovar automáticamente las que venzan en estado de alarma, conceder las que estaban pendientes, aumentar el presupuesto y crear una extraordinaria para las familias en situación vulnerable sobrevenida.
Tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las insinuaciones socialistas, Domínguez ha explicado que la Junta de Andalucía está trabajando en la modificación del decreto para que la renta mínima, que ya vienen percibiendo miles de andaluces, pueda ser complementaria del ingreso del Gobierno, y “requiere su tiempo para realizar dicho cambio y permitir la compatibilidad o complementariedad de ambos recursos”. De igual forma el PP ha indicado que “la actual normativa de la renta mínima andaluza ha retardado y ralentizado la concesión de este recurso porque se trata de una chapuza imposible de cumplir”. De hecho de los 198 millones de euros destinados a la renta mínima de inserción que presupuestó Susana Díaz en 2018 solo pudo gastar 57, “mientras que nosotros en 2019 hemos conseguido ejecutar 120 millones”.
El PSOE es “experto” en manejar la información “a su conveniencia y ya está bien de manipular porque desde el PP no vamos a consentir ni una mentira más”, ha asegurado el dirigente popular. Por eso los ciudadanos “pueden estar tranquilos y mejor que no escuchen los embustes de los socialistas porque la apuesta de Andalucía por la renta mínima es indudable y parece que el Partido Socialista solo vive para amargar la vida de los ciudadanos sembrando dudas injustificadas”. Domínguez ha explicado que en el mes de mayo se registró la nómina más alta desde su implantación, 16 millones de euros, y el mayor número de personas beneficiarias, más de 14.000 familias.
Lo que ocurre, ha continuado el diputado autonómico, es que el PSOE “con embustes y sucias maniobras, pretenden echar la culpa a las comunidades autónomas de todos los errores que está cometiendo Sánchez durante toda la crisis sanitaria”. Lo cierto es que el Gobierno central ha actuado de manera “precipitada, sin tener en cuenta a las comunidades autónomas, generando una situación de incertidumbre a los ciudadanos que se podrían ver perjudicados por esta falta de planificación”. El señor Martín lo sabe “y pretende manipular la información para que se oigan ecos de que la culpa es de la Junta de Andalucía pero es algo totalmente falso puesto que el gobierno de Juanma Moreno está demostrando ser el más solidario en toda esta crisis y estar al lado de los más vulnerables”. Y eso a pesar de que el Gobierno central está sobrecargando los servicios sociales aún más sin comprometerse a incrementar su participación en su financiación a través del plan concertado, en el que aporta apenas un 3% frente al 33% que debería sufragar.
Domínguez ha solicitado al PSOE jiennense que en lugar de elaborar mociones que no tienen ningún fundamento, presenten una en los ayuntamientos para exigir al gobierno social-comunista que rectifique su decisión de retirar los 1.000 millones de euros que estaban previstos en las medidas extraordinarias para frenar el impacto social de la crisis del Covid-19 puesto que “supone un paso atrás en una medida que iba a beneficiar a los servicios sociales”. Un “fuerte ataque a las administraciones locales de las que sin embargo no hemos oído decir nada al PSOE”, ha lamentado. También podrían dar explicaciones en nombre de su jefe Sánchez y decir qué van a hacer con el anunciado Ingreso Mínimo Vital del gobierno de España, “ese que un día decía un ministro que sí, al día siguiente otro decía que no, al día siguiente que se habían enterado por la prensa y aún no sabemos ni quién lo gestiona, ni quién lo paga o si es compatible con la nuestra”.
