Esta medida extraordinaria, que contempla 16,69 millones para Jaén y unos 1.700 empleos, pretende paliar los efectos de la crisis sanitaria .
Todos los municipios de la provincia de Jaén, sus 97 ayuntamientos, han solicitado la Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (AIRE), un actuación de la Junta de Andalucía destinada a reactivar el empleo y a beneficiar a la población desempleada con el objetivo de paliar los efectos ocasionados por la crisis sanitaria. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo está ya analizando los expedientes y tiene ahora un plazo de resolución de dos meses con el objetivo de que en septiembre se puedan iniciar los primeros proyectos.
La iniciativa AIRE tiene por objeto promover la creación de empleo en los municipios andaluces, fomentando la inserción laboral de personas desempleadas por parte de los ayuntamientos a través de proyectos que permitan mejorar su empleabilidad con la adquisición de experiencia laboral vinculada a una ocupación. Para ello, se destinarán 16.693.543 euros a los 97 municipios de la provincia de Jaén y se estima que se generen en torno a 1.700 contratos.
De estos 16.693.543 euros totales previstos para Jaén, se destinarán 5.306.966 euros a la contratación de unas 532 personas desempleadas de entre 18 y 29 años; 3.294.883 euros para aproximadamente 333 desempleados de entre 30 y 44 años; y 8.091.694 euros para unas 837 personas desempleadas mayores de 45 años.
En la asignación y reparto de los fondos se ha valorado la existencia de las zonas de Inversión Territorial Integrada (ITI), procediéndose a un reparto adicional para las provincias afectadas dentro del montante total asignado a cada una de ellas, alcanzando en el caso de Cádiz un presupuesto de 34,19 millones, y en el caso de Jaén 16,69 millones. Concretamente, se han distribuido 5 millones de euros más para los municipios jiennenses.
El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Francisco Joaquín Martínez, ha destacado que AIRE se configura como un buen instrumento para amortiguar los efectos de la crisis sanitaria en el empleo y la economía local. También ha añadido que “es clave para evitar la despoblación de nuestros municipios, para que las personas tengan oportunidades y puedan permanecer en sus municipios, con intervenciones que a su vez suman mejoras en cada pueblo”.
Los proyectos que desarrollen los ayuntamientos tendrán una duración máxima de doce meses y estarán dirigidos a paliar los efectos de la crisis sanitaria por COVID 19 en su municipio, facilitando el proceso de desescalada gradual de las medidas restrictivas de la movilidad y de la actividad económica.
165 millones y 19.000 empleos andaluces
La medida, que implica una inversión de 165 millones de euros en toda Andalucía y cuenta con financiación de Fondo Social Europeo y del Programa Operativo de Empleo Joven, permitirá la contratación en estos proyectos municipales de alrededor de 19.000 parados andaluces, durante un período mínimo de seis meses y máximo de ocho, a jornada completa, para lo que se destinarán incentivos que van, por cada contrato de seis meses mínimo de duración, desde una horquilla de los 11.700 euros (para la contratación de trabajadores pertenecientes al grupo 1 de cotización a la Seguridad Social) a los 8.880 euros (grupo 4 al 10 de cotización). Por cada mes que se amplíe el contrato sobre los seis meses iniciales, se incrementa el incentivo en una horquilla que va desde los 1.950 euros al mes (grupo 1 de cotización) hasta los 1.480 (para los grupos 4 al 10 de cotización).
Los ayuntamientos recibirán la subvención en un pago único anticipado del 100% de la cuantía aprobada y se les exceptúa del requisito de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de cara a garantizar la participación local de todos los ayuntamientos y beneficiar al mayor número de personas desempleadas posibles. Con esto, se trata de no impedir la participación de algunos ayuntamientos del territorio, lo que ocasionaría un grave perjuicio y discriminación a personas con idéntica situación por razones de vecindad administrativa.
Las personas contratadas recibirán la tutorización de las entidades beneficiarias y contarán con acciones de orientación a través del asesoramiento especializado por parte de profesionales del Servicio Andaluz de Empleo.
Serán destinatarios de los contratos por parte de los ayuntamientos las personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas que reúnan alguno de los siguientes requisitos: tener una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive, y estar inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; tener entre 30 y 44 años, ambos inclusive; o tener 45 o más años y ser desempleadas de larga duración.
La selección de los desempleados se realizará mediante oferta en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), organismo que proporcionará a los ayuntamientos dos personas candidatas por cada puesto de acuerdo a unos criterios de prelación.
En primer lugar, tendrán prioridad los desempleados residentes en el municipio que estén especialmente afectadas por la crisis sanitaria. Para determinar en el decreto esta preferencia, se ha establecido que se dé prioridad a aquellos desocupados que, sin haber sido contratados desde el 1 de marzo, sí tuvieron un contrato con carácter temporal en el periodo establecido desde el 1 de marzo al 30 de junio de 2018, o desde el 1 de marzo al 30 de junio de 2019, en las actividades de servicios de alojamiento (CNAE 55); servicios de comidas y bebidas (CNAE 56); actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 79); y actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (CNAE 93).
También se han establecido como prioritarias aquellas contrataciones de personas que no sean beneficiarias de ninguna prestación ni subsidio, seguida de beneficiarios del ingreso por Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, perceptores de subsidios por desempleo, Renta Activa de Inserción (RAI), de Renta Agraria y, finalmente, personas beneficiarias de prestación contributiva por desempleo. A continuación, desempleados residentes en el municipio de referencia, aplicando los mismos criterios de prelación anteriores.
