Requena afirma que es un problema que sufren incluso vecinos de la capital jiennense, sobre todo en zonas del caso antiguo, y por eso “confío en que las mociones saldrán adelante por unanimidad en todos los ayuntamientos porque la batalla contra la okupación no entiende de colores políticos, sino que es algo contra lo que hay que luchar con unidad, por sentido común y por la defensa de un derecho constitucional a la propiedad privada.
El presidente provincial y diputado nacional del Partido Popular de Jaén, Juan Diego Requena ha explicado hoy las soluciones que el PP plantea a un problema que no es ajeno a la provincia de Jaén, la okupación ilegal. “Sin irnos muy lejos, el casco antiguo de la capital jiennense viene sufriendo este grave problema en los últimos meses con mayor fuerza y es competencia del gobierno de Sánchez tomar medidas”. Requena ha manifestado que “desde el PP hemos propuesto soluciones al problema de la okupación ilegal”, y se ha planteado en el Congreso una proposición de ley para recuperar el delito de usurpación de un bien inmueble con penas de uno a tres años de prisión, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan desalojar el inmueble en 12 horas, que los okupas no se puedan empadronar y que tanto las comunidades de propietarios, como las personas jurídicas, puedan adoptar medidas legales y actuar ante los tribunales.
Para el dirigente popular, la okupación “es un problema real, que también sufrimos en la provincia de Jaén y que hemos conocido que ocurre en barrios como el de La Merced de la capital jiennense”, ha recordado. Sin embargo, “el gobierno de Sánchez e Iglesias permanece inmóvil, sin tomar soluciones, sin acordar medidas ante algo que se ha convertido en un auténtico problema para los ciudadanos, ya que las denuncias no paran de crecer”. Por eso, desde el Partido Popular “no vamos a quedarnos de brazos cruzados”, ha afirmado, y se presentarán mociones en todos los ayuntamientos de la provincia para instar al gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la okupación ilegal de viviendas.
La okupación ilegal es un problema “creciente” en todo el país que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española (artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes. De hecho, según los últimos datos publicados, la okupación ha crecido un 58% en los últimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018. Solamente entre los meses de enero y junio de 2020 se han registrado 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio del Interior. “Y a pesar de estos datos, Sánchez e Iglesias tienen la poca vergüenza de decir que este problema no existe y que la okupación solo afecta a locales vacíos de los bancos”.
Ante las cifras tan alarmantes, ha continuado Requena, es necesario reforzar el ordenamiento jurídico para que los okupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio. “Confiamos en que ningún ayuntamiento de la provincia de Jaén rechace esta moción y sea aprobada por unanimidad porque la okupación ilegal no entiende de colores políticos ni de intereses, es un problema que hay que atajar y contra el que hay que luchar con unidad, tanto PSOE como PP como cualquier otro grupo político”, ha apostillado el dirigente popular. Por eso, se presentará esta moción en los próximos plenos municipales confiando en que saldrá adelante y se aunarán voces para exigir soluciones urgentes.
“Esperamos que los socialistas jiennenses no sirvan de escudo nuevamente a su jefe Sánchez y su socio Iglesias que han decidido permanecer pasivos ante un problema que vulnera el derecho constitucional a la vivienda y a la propiedad privada y que podría solucionarse modificando la legislación, en el sentido propuesto por el Partido Popular a través de la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios que, el pasado 1 de julio, se registró para su debate en el Congreso de los Diputados.
