El concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jaén, Francisco Lechuga, ha recordado que el actual equipo de Gobierno es el único que ha puesto en 60 años sobre la mesa un solución “legal y definitiva” a los problemas de abastecimiento del Puente de la Sierra y ha recordado que sin el concurso de la Junta de Andalucía, responsable de la normativa en materia urbanística, no es posible acometer el proceso que los residentes necesitan para acabar “con una situación que no es de hace un año y medio, sino de 60, aunque sea ahora cuando protestan”. Sobre este particular, Lechuga ha lamentado que algunas de las federaciones vecinales como OCO, que han apoyado las concentraciones “no se hayan molestado en reunirse con el equipo de Gobierno para conocer la situación de esta zona y sus circunstancias”.
Lechuga ha dejado claro que el Ayuntamiento “no va a mirar para otro lado” y cometer una ilegalidad autorizando un suministro de agua no potable desde un pozo privado a propietarios de una zona con viviendas en situación irregular. “No hay en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ni un solo documento que indique que el Ayuntamiento haya tenido ni tenga concesión administrativa sobre ese pozo”.
Del mismo modo, sostiene que la inversión de 1,5 millones de euros que el Ayuntamiento hizo en anteriores mandatos para llevar agua de la red general a la zona se hizo prescindiendo de procedimiento administrativo por completo, por lo que sin que ahora haya autorización de la Junta expresa, que es una petición que se ha cursado desde el Ayuntamiento y también se ha pedido a los vecinos que formulen, el Consistorio “no puede ni debe acometer por su cuenta la autorización de nuevos enganches”. “Se han adoptado en esta zona decisiones que son fruto de una falta de rigor, que es lo que ha habido durante 60 años y que han conllevado inversiones y costes que están pagando todos los jiennenses”, ha reiterado.
El edil ha señalado que la hoja de ruta “que no puede ser de hoy para mañana, ni en 45 días ni en 24 horas como piden algunos grupos políticos de derechas y más después de haber estado años sin acometerla es en la que está trabajando el Ayuntamiento en la actualidad, que está para dar soluciones pero nunca para cometer ilegalidades”, asevera. Así, ha indicado que hasta que no ha caído el PGOU de 2015 y ha quedado el de 1996 en vigor, un hecho que ocurrió el pasado mes de septiembre, el Consistorio no podía adaptar su normativa al decreto 3/2019 de 24 de septiembre de la Junta de Andalucía, que permite la dotación de servicios básicos a zonas residenciales pendientes de regularización en la comunidad a través de este sistema de planes especiales. “Ya estamos trabajando en esa adaptación normativa para la que sí o sí es necesario el concurso de la Junta porque de ella depende la tramitación ambiental y urbanística”, ha dicho Lechuga. Así ha explicado que esta adaptación permitirá el levantamiento de la especial protección de los cauces de los ríos, premisa esencial para que puedan aprobarse esos planes especiales para suministros y servicios que permite la Junta de Andalucía para estas zonas que recordemos son irregulares”, sostiene.
