El Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que recurrirá en casación la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aceptando la suspensión solicitada por parte de la empresa que actualmente presta el servicio de transporte urbano, Herederos de José Castillo, S. L, del procedimiento de licitación del contrato-puente y el definitivo del servicio de autobús urbano de la ciudad.
El Consistorio había acordado este paso en julio de 2020, mediante acuerdo plenario que ratificó el informe del Consejo Consultivo de Andalucía declarando la nulidad del acuerdo de prórroga del servicio en 2005 y anteriores y que ponía de manifiesto que desde 1961, fecha en la que la empresa consiguió mediante la figura del concierto la prestación del servicio, nunca se ha sujetado este a la ley de contratos ni se ha sometido a licitación ni a pública concurrencia, acordándose además varias prórrogas nulas de pleno derecho.
Con esta sentencia la empresa consigue que se paralice temporalmente el proceso de contratación provisional del servicio ya iniciado y al que ni siquiera concurre y también el abierto para la prestación del mismo por 10 años, una paralización solo hasta que haya una sentencia definitiva sobre su recurso contra la declaración de nulidad. “Nuestra hoja de ruta sigue, esto es solo un paréntesis que se abre, un retraso puntual hasta que el recurso se resuelva y simplemente hay que esperar algo más. Donde este equipo de Gobierno quiso dotar cuanto antes a la ciudad de un servicio de calidad ahora es necesario esperar a un pronunciamiento definitivo de los tribunales”, dice Francisco Lechuga, concejal de Servicios Públicos.
“Hasta dos veces desestimó el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Jaén la petición de suspensión del procedimiento de licitación a petición de Castillo y ha sido el TSJA quien ha aceptado estas medidas cautelares de la empresa, una sentencia que recurriremos en casación porque entendemos que no hay que esperar a que se resuelva en firme el recurso que Castillo ha interpuesto, ya que se trata de una empresa que en la actualidad realiza una prestación sin contrato y sujeto a grandes deficiencias”, dice África Colomo, concejala de Presidencia y Primera Teniente de alcalde. “No lo decimos nosotros, nos avalan demoledores informes de la Cámara de Cuentas y del Consejo Consultivo que apuntan a que en sesenta años el servicio de transporte urbano nunca se sometió a un proceso de contratación por concurrencia. La razón y la legalidad se encuentran de nuestra parte, esto no es una persecución contra nadie, es que simplemente ante la magnitud de los informes que avalan esa nulidad no podíamos ni podemos como administración mirar para otro lado y así estamos actuando”, puntualiza.
La edil ha señalado que Castillo ha dado testimonio estos días de con qué dificultad, al margen de los pagos del Ayuntamiento, esta prestando el servicio y cómo está cumpliendo con sus obligaciones laborales. “Con esta situación renqueante recurre a estas vías para seguir prestándolo de esta forma”, sostiene. En este sentido, el edil de Servicios Públicos, Francisco Lechuga, ha recordado que hasta que se resuelva el recurso el Ayuntamiento aplicará el cumplimiento de las medidas oportunas para la prestación del servicio, dentro del margen que le da no contar con un contrato y un pliego de condiciones que la empresa esté obligada a cumplir, porque nunca lo tuvo en 60 años. Así la cosas, Colomo ha recordado que la sentencia del TSJA abunda en que durante 15 años, 11 de ellos de Gobierno del PP (de los cuales 8 fueron ininterrumpidos), no se hubiera recurrido la prórroga que el propio PP realizó en 2005 por 30 años dictada por órgano manifiestamente incompetente y nula de pleno derecho según el Consejo Consultivo.
