La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha analizado con representantes de varias asociaciones y organizaciones no gubernamentales los cambios normativos que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el régimen de los menores extranjeros tutelados y jóvenes extutelados.
El objetivo de la nueva norma que diseña el Gobierno es articular vías que protejan a los menores extranjeros no acompañados de situaciones de vulnerabilidad y favorezcan su inclusión, tanto antes de cumplir la mayoría de edad como una vez alcanzados los 18 años, tal y como ha explicado Catalina Madueño a los responsables de estos colectivos, entre los que se encuentran la Fundación Don Bosco, Poblado Mundo, Secretariado de Migraciones, Jaén Acoge, Proyecto Rajab, Liga Española de la Educación y Cáritas. A la reunión también han asistido la secretaria general de la Subdelegación, Isabel Ranea, y el jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, Pedro Garrido.
La subdelegada ha puesto de manifiesto que el Gobierno ha expresado en múltiples ocasiones la necesidad de suprimir los obstáculos que impiden la documentación del menor extranjero no acompañado tutelado por una entidad pública. “Desde que se aprobó el reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, es necesario evitar las situaciones de irregularidad sobrevenida y, por lo tanto reducir la vulnerabilidad de los menores no acompañados”, ha dicho la subdelegada. En este punto, la intención del Gobierno es diseñar un régimen propio de residencia para estas personas en el momento en el que acceden a la mayoría de edad.
Así, Catalina Madueño ha recordado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lanzó a consulta pública el pasado 28 de enero la Reforma del Régimen de menores extranjeros tutelados y jóvenes extutelados. Durante su periodo de exposición a consulta pública, Migraciones recibió más de cien propuestas para aportar al futuro texto normativo. Actualmente, tal y como ha explicado la subdelegada, esas respuestas provenientes de comunidades autónomas ciudadanos a título particular y entidades de diversa índole, están en fase de estudio para su posterior debate en el ámbito de las diferentes comisiones y departamentos ministeriales. “Consideramos que esta fase de consulta pública ha sido muy constructiva para ofrecer a todos los actores implicados en la inclusión de personas migrantes la posibilidad de trasladar proposiciones”, ha matizado la subdelegada.
En esa consulta pública, se argumentaba que el objetivo de esta reforma normativa es doble: por una parte, una racionalización del sistema de documentación de los menores extranjeros no acompañados a fin de evitar que, cuando accedan a la mayoría de edad, no se encuentren documentados o se vean abocados a abandonar su situación de regularidad documental por la alta exigencia de requisitos. Y, por otro lado, el diseño de un régimen propio de residencia de jóvenes extutelados al que no le sean de aplicación, como ocurre en la actualidad, las reglas de la residencia no lucrativa.
Esta iniciativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones continúa en la línea de las medidas aprobadas en materia migratoria por la secretaría de Estado de Migraciones, y que durante el último año han tenido un eje común: proteger a las personas migrantes de situaciones de irregularidad sobrevenida. Tal fue el caso de la flexibilización de los criterios de renovación de las autorizaciones de residencia y/o trabajo, impulsada para evitar la irregularidad sobrevenida asociada a la continuidad laboral o a la tenencia de recursos suficientes.
Fruto del diseño de una política migratoria inclusiva fue la concesión de autorización de residencia y trabajo a aquellos menores extranjeros no acompañados en edad laboral. Hasta el mes de marzo de 2020, su autorización de residencia no lucrativa no les permitía trabajar.
En la misma línea, el Gobierno impulsó igualmente la medida que permitió que los jóvenes nacionales de terceros países que no contaban con la autorización de trabajo necesaria tuvieran una primera oportunidad laboral durante el estado de alarma gracias al Real Decreto Ley impulsado por los ministerios de Agricultura de Inclusión. A través de una instrucción de la Secretaría de Estado de Migraciones, se estableció que todos los jóvenes inmigrantes que habían trabajado en el campo durante la pandemia vieran prorrogada su autorización de residencia y trabajo durante 2 años, prorrogables otros dos.
La subdelegada y los responsables de las ONG’s han analizado, igualmente, el funcionamiento de la Oficina de Extranjería para poner en marcha iniciativas que supongan mejoras en la realización de determinados trámites. Catalina Madueño ha resaltado la labor que realizan estos colectivos de la provincia que trabajan con la inclusión de los menores extranjeros tutelados y con la integración de los jóvenes extutelados.
