Se ha presentado en los Juzgados de la Plaza de Castilla una denuncia por vía penal la posible prevaricación administrativa cometida en el seno del Ministerio de Defensa por el Plan Colce. La Base Logística del Ejército que supone una inversión de más de 350 millones de euros de dinero público y la creación de miles de empleos.
La Plataforma Ciudadana ‘Jaén Merece Más’ ha puesto en conocimiento de la justicia penal, mediante denuncia en Madrid, la presunta comisión de hechos que pudieran constituir un delito de prevaricación administrativa por la toma de decisión del ministerio de defensa de ubicar la base logística del ejército de tierra –Plan Colce- en Córdoba con arbitrariedad, y de lo que además pudieran derivarse o descubrirse otras ilicitudes legales en la toma de dicha decisión, sólo anunciada en nota de prensa el día 4 de febrero de 2021 y sin emisión o dictado de resolución o acuerdo escrito y sin expediente al efecto según tiene reconocido expresamente la Secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, en el que el Ministerio de Defensa, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba pretenden invertir más de 350 millones de euros, sin sujeción a ley ni procedimiento reglado al efecto.
Se piden responsabilidades penales al más alto nivel del Ministerio de Defensa, Gobierno de España y donde procediera una vez presentadas las acciones legales dirigidas por el despacho Marín Gámez de Jaén, cuyo director es el abogado Javier Marín Gámez. Esta denuncia viene, además, avalada por dictámenes jurídicos de la cátedra universitaria
de derecho administrativo dirigida por Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz.
Igualmente se solicitan medidas cautelares al juzgado instructor para que suspenda y paralice cualquier continuación con el proceso Colce o instalación de la base logística en Córdoba hasta tanto se depure la legalidad o ilicitud de la decisión adoptada sin ser sometida a los cauces legalmente previstos para ello y a fin de evitar un coste
económico para el erario público en tanto en cuanto no se aclare la situación, e incluso anule la misma como consecuencia de su posible ilegalidad en base a la necesidad de restauración del orden jurídico vulnerado de forma tan flagrante.
Además, se ponen en conocimiento del Juzgado Instructor las numerosas pruebas e indicios de la arbitrariedad e inmiscusión política desde la vicepresidencia del Gobierno, a la que todos los responsables políticos de Córdoba públicamente han agradecido su actuación y/o participación en que el ejército finalmente se decantara por Córdoba,
reconociéndose con ello la autoría intelectual en la toma de la decisión e ignorando cualquier control de legalidad en la actuación en el seno del ministerio de defensa para este proyecto, cuando la misma está sometida con claridad (como el propio Gobierno de España reconoció en respuestas parlamentarias en el Congreso de los Diputados
y Senado) a la instrucción nº 67/2011, de 15 de septiembre, del secretario de Estado de Defensa y por la que se regula el proceso de obtención de recursos materiales, publicado en el boletín oficial del ministerio de defensa del día 27 de septiembre de 2011. Además, por supuesto, de que debe estar sometida toda actuación administrativa del Ministerio u órgano público, a la constitución y a la ley de procedimiento administrativo, todo ello infringido existiendo pruebas contundentes e irrefutables.
