La mayoría de las detenciones se debieron a resistencia o atentado a la autoridad y las sanciones al hecho de no usar mascarilla o no guardar la distancia interpersonal.
La Unidad de Policía Adscrita a la comunidad autónoma de Andalucía ha tramitado un total de 32.500 propuestas de sanción y ha efectuado 33 detenciones en el territorio andaluz durante los meses que ha durado el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno central, esto es del 25 de octubre al pasado 9 de mayo, para tratar de combatir la crisis generada por el coronavirus en España.
Durante dicho periodo, la Unidad de Policía Adscrita ha mantenido un dispositivo policial en las ocho provincias con el objetivo principal de velar por el cumplimiento de la normativa sanitaria autonómica, dictada por el Gobierno andaluz como autoridad delegada para tales cometidos.
Si bien se han seguido atendiendo las funciones habituales y específicas de la referida Unidad, gran parte de su actividad se ha centrado en garantizar el mantenimiento de las medidas sanitarias obligatorias y, en caso contrario, proponer para sanción a sus infractores. El esfuerzo que se ha realizado por los componentes de esta Unidad en esos cometidos ha sido importante, tal y como reflejan los datos.
En total, durante la vigencia del segundo estado de alarma, la Policía autonómica ha tramitado 32.500 propuestas de sanción por incumplimiento de la normativa, siendo la gran mayoría, un total de 26.305, por infracciones a la Orden de 14 de julio de la Consejería de Salud y Familias, fundamentalmente por no portar mascarillas y no guardar la distancia interpersonal exigible.
Asimismo, se han tramitado 4.591 propuestas de sanción por no respetar el confinamiento territorial local, provincial o autonómico dictado por las autoridades, y otras 625 actas por infracciones cometidas por establecimientos respecto al horario de cierre, control de aforos o de medidas sanitarias.
Igualmente, esta Unidad ha planteado 594 propuestas por no respetar el horario de libre circulación, el conocido como toque de queda, y por último, 384 por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, las cuales en su mayor parte han sido por negativa a identificarse, por desobediencia o resistencia a la autoridad que no constituya delito, consumo o tenencia de drogas o desconsideración a los agentes.
Además, se procedió a la detención de 33 personas, generalmente por resistencia grave o atentado a la autoridad, a la par que se ha identificado a un total de 77.000 personas e interceptado más de 16.000 vehículos, fruto de los controles policiales realizados tanto en la vía pública como en estaciones de transporte de pasajeros.
