La directora de Industrias destaca que el nuevo sello de calidad es “un aval de excelencia que mejora el posicionamiento en los mercados de los AOVEs de la provincia”. El Centro Andaluz de Referencia de Control de la Calidad del Aceite contará con una partida de 4 millones en los presupuestos de 2022.
La directora general de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Junta de Andalucía, Cristina de Toro, y la delegada territorial de Agricultura en Jaén, Soledad Aranda, han mostrado hoy su satisfacción por la constitución del pleno del consejo regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Aceites de Jaén, último paso en la creación de esta figura de calidad diferenciada que fue aprobada por la Unión Europea en mayo de 2020. Al mismo tiempo, ambas han felicitado y animado a sus gestores
a “continuar defendiendo con el mismo ahínco la producción del oro líquido jiennense”.
“Se trata de una gran noticia no sólo para el sector oleícola de la provincia, sino también para el de la Comunidad Autónoma y de toda España. Esta nueva IGP permite reunir aceites de oliva virgen extra de Jaén de la máxima calidad bajo un mismo sello, lo que permite ya esta campaña comercializar aceite con el sello de esta denominación”, ha explicado De Toro. De hecho, esta misma semana se han certificado los primeros aceites de oliva bajo el sello de la IGP Aceite de Jaén, procedentes de la Cooperativa del Campo Nuestra Señora de la Asunción y San José, con sede en Rus.
Se trata de la primera IGP de aceite de oliva virgen extra reconocida en España por parte de Bruselas y comprende los 97 municipios que conforman la provincia de Jaén. La entidad ya agrupa a 48 empresas oleícolas de toda la provincia de Jaén. El acto, que ha tenido lugar el Museo Terra Oleum, sede de la IGP, en Mengíbar, ha servido para designar como presidente del consejo regulador a Manuel Parras; y como vicepresidente a Pedro Melgarejo. Durante la reunión también se eligió la comisión permanente, estipulada en los propios reglamentos de la IGP.
Con este reconocimiento definitivo, Andalucía cuenta actualmente con 13 denominaciones que amparan aceite de oliva virgen extra: 12 Denominaciones de Origen Protegidas y 1 Indicación Geográfica Protegida. “Figuras como la IGP y la DOP tienen un importante impacto en la rentabilidad de las empresas productoras de los alimentos y bebidas que amparan porque mejoran su posición en los mercados al suponer un aval europeo de excelencia, que invita a los consumidores a apostar por estos productos”, ha añadido la directora, quien ha valorado el apoyo que la Junta de Andalucía ha mostrado en todo el
procedimiento y que seguirá demostrando a partir de ahora. De hecho, ha señalado que una vez constituido el consejo regulador, “ya se está avanzando en el terreno de la promoción, pues la IGP ya tiene aprobado su primer expediente de ayudas en esta materia tan importante”.
El sello de la IGP aporta un elemento diferenciación a la marca y supone una garantía de calidad para el consumidor. El aceite que quiera ser certificado con este sello de calidad debe cumplir los requisitos del pliego de condiciones, lo que implica superar exigentes controles.
“La apuesta por la excelencia de la producción de los AOVEs de la Junta de Andalucía se refleja en los presupuestos de 2022 de forma muy destacada, con una partida de 4 millones de euros para la construcción y equipamiento del Centro Andaluz de Referencia de Control de la Calidad del Aceite de Oliva”, ha recordado la directora De Toro.
Por su parte, Soledad Aranda ha afirmado que “el aceite de oliva es uno de los motores que mueven España y Andalucía”. “Es un elemento crucial para la fijación de la población en las zonas rurales y, junto a su enorme importancia económica, tiene un componente medioambiental de primer orden al ser el olivar un ingente sumidero de CO2 que contribuye, como ecosistema propio y singular, a preservar la biodiversidad”, ha agregado la delegada territorial, quien ha vuelto a defender su consideración como ecoesquema ‘per sé’ en el Plan Estratégico Nacional que el ministerio debe presentar en Bruselas antes
del 31 de diciembre.
