La Administración provincial, que ha aprobado una nueva ordenanza reguladora, destinó el pasado año cerca de 700.000 euros a atender necesidades básicas de familias vulnerables.
La Diputación de Jaén ha destinado en 2021 cerca de 700.000 euros para ayudas de emergencia social solicitadas por los ayuntamientos de la provincia menores de 20.000 habitantes para atender las necesidades básicas de familias en situación de vulnerabilidad. La vicepresidenta primera y diputada de Igualdad y Bienestar Social, Francisca Medina, lamenta que “la pandemia que seguimos sufriendo ha incidido en una gran parte de la población, y muchas familias han visto una disminución en sus ingresos lo que ha hecho que se pongan en peligro las necesidades más básicas”. En este sentido, Medina apunta que durante el pasado año se atendieron un centenar de solicitudes presentadas por los ayuntamientos jiennenses “para poder ayudar a sus vecinos y vecinas a cubrir necesidades básicas como son la alimentación, los suministros de luz y agua, o los gastos relacionados con la vivienda”.
Para el presente ejercicio, la Administración provincial ha aprobado una nueva ordenanza reguladora de las ayudas de urgencia y emergencia social con la que se adecua la regulación de estas ayudas a la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que contempla la diferenciación entre ayudas de urgencia y emergencia social. “En esta ley, estas ayudas son de urgencia social, definiéndolas como aquellas dirigidas a atender una situación excepcional o extraordinaria y puntual que requiera de una actuación inmediata, sin la cual podría producirse un grave deterioro o agravamiento del estado de vulnerabilidad”, explica Francisca Medina, quien subraya que con esta ordenanza “pretendemos desde la Diputación agilizar al máximo posible estas demandas para cubrir necesidades básicas, a la vez que se mantienen los importes que perciben nuestros ayuntamientos”.
De este modo, los importes máximos que pueden percibir los ayuntamientos oscilan entre los 2.500 euros para los municipios de menos de 1.000 habitantes, a los 10.000 euros que corresponderían a aquellos cuya población esté entre los 7.001 y 19.999 habitantes. Los ayuntamientos con una población de entre 1.001 y 3.000 habitantes pueden percibir 6.000 euros, y a aquellos que tienen entre 3.001 y 7.000 habitantes les corresponderá un máximo de 8.000 euros. “Los ayuntamientos podrán solicitar las subvenciones necesarias a medida que ejecuten la totalidad de los importes que reciban”, matiza Francisca Medina, que insiste en que esta ordenanza no establece ninguna carga administrativa añadida para los ayuntamientos beneficiarios, contribuyendo en lo posible, a la supresión de trámites innecesarios y a la agilización del procedimiento, sobre todo en lo relativo a la justificación económica del destino dado a estas ayudas, al realizarse la tramitación de los expedientes de ayudas a la ciudadanía de forma telemática.
