África Colo, segunda teniente de alcalde y concejala de Presidencia y Patrimonio, ha mostrado la satisfacción ante la sentencia de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo que confirman la titularidad municipal del Camino de Campillo de Arenas, en su tramo comprendido entre la aldea de Santa Cristina, en Otíñar, y la carretera titularidad de la Diputación JH-2271.
“Esta decisión judicial pone negro sobre blanco lo que ya dijo el equipo de Gobierno, hace más de un año, cuando se dejó claro que estaba plenamente justificado y argumentado el expediente de recuperación de oficio de este camino”, ha recordado la responsable municipal. En esta línea, ha hecho alusión al Pleno de la Corporación Municipal celebrada, a principios del año pasado, cuando la Administración local puso en marcha el proceso para devolver a su titularidad municipal esta vía, de 1.300 metros, en una decisión avalada por un profuso estudio documental, cuyos primeros testimonios datan de 1874, y la propia ordenanza reguladora de caminos municipales, elaborada, precisamente, por el propio Partido Popular en 2016, durante su última etapa al frente del Ayuntamiento.
De igual modo, esta acción municipal está sustentada en la normativa andaluza y otros hechos, como que el pleno municipal nombró hace 100 años un peón caminero para encargarse del mantenimiento del camino. La edil ha recordado que, con la puesta en marcha de la carretera hacia el pantano del Quiebrajano, este camino dejó de tener un uso intensivo por parte de los vecinos y vecinas de la ciudad, circunstancia que fue progresivamente aprovechada por los propietarios de la finca cercana para cerrar el camino. “Le pese a quien le pese, desde el Ayuntamiento vamos a trabajar para poner los intereses públicos por encima de los privados”, ha dicho.
Al respecto, ha lamentado que, en su momento, durante el debate plenario del 29 de enero de 2021, “el PP cuestionó la decisión del Gobierno municipal, e, incluso, la labor técnica del personal municipal, al considerar que esta labor de defensa del patrimonio de la ciudad era arbitraria e iba a costar dinero a las arcas municipales”. “No solo es que no es cierta esta crítica, sino que la decisión del Gobierno municipal está avalada por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo”, ha insistido Colomo.
