El pleno de la Corporación Municipal ha aprobado, con los votos a favor del equipo de Gobierno (PSOE y Ciudadanos) y de Unidas Podemos por Jaén y la abstención de PP y Vox, los acuerdos de nulidad de tres convenios de los años 2006, 2010 y 2013 que venían a modificar de forma notable y manifiestamente arbitraria las condiciones del contrato de prestación del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua para la ciudad de Jaén y que, en suma, han supuesto un quebranto económico para las arcas municipales que rondan los 38 millones de euros.
Así lo ha vuelto a constatar el concejal de Servicios Municipales, Francisco Lechuga, en la sesión de esta mañana donde ha puesto en valor el respaldo del Consejo Consultivo de Andalucía que ha dado la razón al Ayuntamiento de Jaén dictaminando previamente la nulidad de estos acuerdos. También ha salido adelante la liquidación derivada de estos acuerdos, para que los intereses cobrados indebidamente al Consistorio sean devueltos y permitan saldar deuda con la empresa, además de revertir en la ciudad en forma de infraestructuras hidráulicas.
“Los ciudadanos de Jaén van a ver cómo hay un Consistorio que defiende sus intereses y que no se pone de perfil, dejando pasar situaciones tan graves como ésta”, ha afirmado Francisco Lechuga, quien ha aludido al ejercicio de responsabilidad que realiza este equipo de Gobierno para recuperar el control de los servicios públicos. “Hay que elegir entre defender los intereses de la empresa, hasta ahora muy ventajosos, o los de la ciudad de Jaén, que eran lamentables”, ha insistido.
El concejal ha explicado que la empresa adjudicataria estaba obligada a financiar obras de infraestructuras hidráulicas con un tipo de interés que debía haberse respetado, “pero que fue modificado por ambas partes prescindiendo de procedimientos como los que establece la Ley de Contratos y ocasionando un grave daño económico a este Ayuntamiento y a los intereses de los jiennenses”. Como ejemplo de estas arbitrariedades que mantienen hipotecada a la ciudad, el último de los convenios firmado en el año 2013 por el alcalde popular José Enrique Fernández de Moya, que supuso que se alterase el interés que el Ayuntamiento soportaba por la prestación del servicio a la ciudad por parque de la empresa Aqualia del Mibor -0,5 al 5,5%. Así, el servicio a la ciudad se incrementó por todos estos acuerdos declarados nulos un 310%, pasando el coste unitario por metro cúbico de los 0,6 euros a 2,5 euros/m3. Con ello, se paga el canon local más caro de toda Andalucía.
Se estudia el destino del dinero de la privatización en 1997-. También Francisco Lechuga ha querido dejar clara la postura negociadora del equipo de Gobierno, y ha incidido que en los acuerdos de liquidación se establece que los recursos que se puedan generar vayan destinados de forma exclusiva a infraestructuras hidráulicas, de saneamiento y reutilización, “como no ocurrió al adjudicarse este contrato en el año 1997, cuando se adelantó el canon concesional de 9 millones de euros (1.500 millones de pesetas de la época), y que no sabemos a qué se destinó”. Por este motivo, el edil ha adelantado que se ha pedido a los técnicos del Ayuntamiento el destino de este importe por el cual se privatizó el servicio en la época del PP, en 1997.
Sobre la situación de los trabajadores, Lechuga ha insistido en que lo aprobado hoy en Pleno son cuestiones “exclusivamente de relación económica entre la empresa y el Ayuntamiento, no hay ningún problema laboral y para nada deben verse afectados”. El concejal de Servicios Municipales ha hecho hincapié en que los asuntos abordados hoy “no conlleva la nulidad del contrato, sino de tres convenios muy ventajosos para la empresa y muy lamentables para el Ayuntamiento”.
