La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha señalado que el Ejecutivo da una respuesta a las víctimas de violencia sexual con la creación de un centro específico en la provincia, que permitirá atenderlas y asesorarlas de forma permanente. Así lo ha señalado tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del reparto entre las comunidades autónomas de 36,4 millones de euros de los Fondos Europeos, destinados a la puesta en marcha de los Centros de Atención Integral 24 horas a Víctimas de Violencia Sexual. “Se trata de una iniciativa impulsada por el Gobierno en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por este concepto, Andalucía recibirá del Gobierno un total de 9,8 millones de euros, para implantar este tipo de infraestructuras en cada una de las ocho provincias”, ha explicado Madueño.
La subdelegada ha puesto de manifiesto la importancia de responder a una carencia existente y poner a disposición de las mujeres una red territorial de recursos “para combatir esta violencia que, en muchas ocasiones, está oculta y silenciada, pero que siempre tiene consecuencias muy graves en sus vidas”. “Es necesario que la sociedad y las instituciones les den seguridad a las mujeres y que se pongan todas las medidas para evitar, prevenir, detectar, proteger, atender y reparar las violencias sexuales. Ello hará a las mujeres vivir en un país mucho más libre y mucho más seguro”, ha reflexionado Madueño.
El objetivo del Gobierno de España es crear al menos un centro de asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en todas las provincias. En España, hay 52 provincias y únicamente dos provincias cuentan actualmente con este tipo de centro: Madrid en 2019 y Asturias en 2020. Andalucía recibirá 9,8 millones de euros para ello.
Los centros de atención a víctimas de violencia sexual 24 horas atenderán a mujeres mayores de 16 años víctimas y supervivientes de violencia sexual, tanto si la violencia se ha producido de forma reciente, como en el pasado. Para acceder a ellos, no será necesaria la interposición de una denuncia y el enfoque estará centrado en la víctima y superviviente.
El trabajo en estos centros se adaptará a las demandas, tiempos y necesidades de las víctimas y las personas profesionales del centro tendrán formación especializada en género, enfoque de género, derechos humanos, interseccionalidad, violencia contra las mujeres, violencias sexuales, trauma, crisis y emergencia. “Ofrecerán acompañamiento e información telefónica, telemática y presencia, las 24 horas del día, todos los día del año. Facilitarán atención psicológica, jurídica y social para víctimas, familiares y personas del entorno, mediante personal suficiente y cualificado. Además, también será necesario aprobar un protocolo de coordinación de estos profesionales con otros organismos implicados en la atención a este colectivo, como el personal sanitario”, ha explicado la subdelegada. La comunidad autónoma debe poner en marcha estos centros antes del 31 de diciembre de 2023 para que pueda retener los fondos transferidos y no tenga que devolverlos.
Los estándares internacionales de derechos humanos establecen que los estados tienen el deber de poner a disposición de las víctimas de todas las formas de violencias sexuales recursos y servicios especializados en violencia sexual para ofrecer información, atención integral, acompañamiento a las instituciones (policiales, sanitarias, judiciales, de servicios sociales, etc.) y asistencia jurídica especializada. En este sentido, el Convenio de Estambul establece en su artículo 25 la obligación de “permitir la creación de centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violaciones y de violencias sexuales, apropiados, fácilmente accesibles y en número suficiente, para realizarles un reconocimiento médico y médico forense, y darles un apoyo vinculado al traumatismo y consejos”.
