PLENO DIPUTACIÓN
Esta es una de las iniciativas acordadas en el pleno de hoy, donde también se han dado más de 820.000 euros a empresas de la construcción para compensar sus pérdidas por la subida de precios.
El pleno ordinario que la Diputación Provincial de Jaén ha celebrado hoy ha aprobado tres convenios para el desarrollo en los municipios de Huesa, Bedmar y Villarrodrigo del proyecto Bioforeste, que permitirá invertir 1,8 millones de euros que se destinarán a dar jornales y realizar trabajos forestales en montes públicos de estas localidades. Además, en esta sesión plenaria se ha dado luz verde a una partida superior a los 820.000 euros para compensar a empresas de la construcción por la subida de precios producida tras conflictos internacionales como el de la guerra de Ucrania; y también se han consensuado dos declaraciones institucionales vinculadas al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de apoyo al derecho a un trabajo digno y saludable para personas con problemas de salud mental.
En este pleno, que se ha iniciado con un minuto de silencio por las víctimas de las inundaciones provocadas por la DANA que ha atravesado España durante los últimos días, se ha abordado por la vía de urgencia la aprobación de 3 convenios con otros tantos consistorios jiennenses (Huesa, Bedmar y Villarrodrigo) para desarrollar el proyecto Bioforeste, “una iniciativa muy interesante porque actúa en el mundo rural, en los pequeños municipios, para luchar así contra la despoblación”, según ha remarcado la vicepresidenta segunda y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra.
Este proyecto, como ha explicado Parra, está promovido por la Fundación Biodiversidad y sufragado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, y “supone una inyección de 1,8 millones de euros para llevar a cabo trabajos forestales sostenibles, de modo que se van a dar jornales y trabajo a la población y se va a ejecutar una actividad muy importante de cara a la prevención de incendios”. En esta línea, ha enfatizado que Bioforeste “significa aprovechar esos recursos endógenos que nos ofrece el mundo rural para generar riqueza”.
Además de este asunto, en el pleno desarrollado hoy se le ha dado el visto bueno a varias modificaciones de crédito, entre las que la vicepresidenta segunda ha destacado una “partida importante ligada a la Ley 4/2022 de Medidas extraordinarias para el incremento de los precios de materiales de construcción y empresas afines”. Al respecto, ha recordado que la Diputación “se adhirió en su momento a este decreto ley y hoy vamos a hacerlo realidad, ya que después de estudiar las distintas solicitudes que han hecho las empresas, vamos a aprobar un suplemento de crédito dotado con 820.455 euros que se dedicarán a 11 obras que se han dado por revisadas y válidas, lo que se traducirá en que son 8 las empresas que se van a beneficiar de esta medida”.
De igual modo, se ha hecho balance del Fondo de Cooperación, “unos préstamos que damos a los ayuntamientos para llevar a cabo inversiones o utilizarlos para operaciones de tesorería, a interés cero ambos”, según ha apuntado la responsable económica de la Diputación, que ha resumido el estado de este fondo diciendo que “a lo largo de este año se han solicitado 8 préstamos, de los cuales 5 han sido para inversiones y 3 operaciones de tesorería para dar liquidez a las arcas municipales, con lo que estamos hablando de que este año se han prestado 1,3 millones de euros” a través de esta herramienta.
Por último, en este pleno ordinario se han aprobado dos declaraciones institucionales con el consenso de los dos grupos políticos con representación en la Diputación. Una de ellas la “venimos trayendo cada año y hay que seguir haciéndolo para celebrar en noviembre ese trabajo y esa lucha que debe ser los 365 días del año contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres”. La otra habla, como ha precisado Pilar Parra, “de la necesidad de un trabajo digno y saludable para las personas que tienen problemas de salud mental y el compromiso que conlleva por parte de las administraciones, cada una en el ámbito de sus competencias, hacer posible que estas personas en su puesto de trabajo estén en las mejores condiciones laborales”.
